Tal día como mañana, pero en dos meses, los aspirantes a entrar en alguno de los campus gallegos el próximo curso estrenarán la ABAU (avaliación de bacharelato para o acceso á universidade). ¿Qué les espera cuando se sienten y comiencen las pruebas? ¿Algo muy diferente a la antigua selectividad? La Consellería de Educación defendió desde un primer momento, y lo mantiene, que la nueva prueba "será lo más parecida posible a la selectividad".
Lo mismo, según la Valedora do Pobo, Remedios Otero, esperaban los interesados. Sin embargo, las instrucciones publicadas por la Xunta para realizar los exámenes "apenas unas semanas antes" suponen, a juicio de la alta comisionada, "un importante impacto" en los destinatarios. Hasta el punto de que ha abierto una investigación de oficio ante la Consellería de Educación para que "aclare" aspectos sobre la cercana evaluación, que afectará a unos diez mil estudiantes, estima, los días 7, 8 y 9 de junio. Y es que para Otero la publicación de la resolución con las instrucciones para el examen introduce elementos que "pueden estar vulnerando los derechos académicos de los estudiantes e incluso cuestionar la seguridad jurídica del proceso", según explica en un comunicado.
No lo ven así desde el departamento dirigido por Román Rodríguez, que reivindica que "no existe inseguridad jurídica" y que la CiUG y la Consellería "trabajaron para que la prueba fuera lo más parecida posible a las PPAU". Incluso, señala Educación, se usa "de forma supletoria" y siempre que resulte "compatible" la orden de 2011 que regulaba la selectividad. Frente a la "inseguridad" que esgrime la Valedora, la Xunta insiste en que Consellería y CiUG trabajan para "generar certezas para los alumnos". De hecho, añaden desde la Xunta, la CiUG "aún está trabajando en las ponderaciones para ajustarlas a la situación actual".
Con las ponderaciones se refiere Educación a las materias que se podrán usar para subir nota y al valor por el que multiplicarán, cuya concrección suscitó reproches de la comunidad educativa, lo que obligó a elevar las materias evaluables a 45 tras reducirlas a 31. Por ahora, lo publicado en la web de la CiUG no ha recibido luz verde de los consellos de gobierno de las universidades y la comisión sigue trabajando para buscar "la decisión más beneficiosa para el alumnado", explican en Educación, desde donde recalcan que la prueba la determinan Xunta y universidades.
Las ponderaciones, en cuestión
Ese es uno de los aspectos que pone en el punto de mira la Valedora, quien ve "contrario a principios básicos del ordenamiento" que "con un escaso margen de dos meses se estén modificando los parámetros de ponderación" de las materias evaluables dado que, alega, "muchos alumnos eligieron ya en el primer curso de Bachillerato las que les interesaban" según sus perspectivas.
Otero apunta que "una de las preocupaciones guarda relación con la proximidad de la convocatoria y el desconocimiento hasta ahora de los detalles de su relación material". Educación incide en que las instrucciones estuvieron en su web desde el 6 de marzo, tres meses antes, y que previamente hizo falta que el Gobierno aprobara un decreto ley antes y que la CRUE unificara sus criterios de acceso. Además, recalcan, "muchas comunidades no publicaron ninguna resolución al respecto para orientar a su alumnado", mientras Galicia sí hizo ese esfuerzo.
Otras cuestiones que pone sobre la mesa la Valedora son la no exención del examen de Lingua Galega a quien sí la cursó en 2º (la Xunta dice que tendrán que hacer el examen) o que se desconoce si los chicos que suspendieron 2º o la última selectividad tienen que someterse a la evaluación. La respuesta es no, dice la Xunta. En esos casos sería "voluntaria" y si no se hace se computa el expediente de Bachillerato para ir a la facultad. "Se les dio las máximas facilidades" al alumnado, señala Educación al respecto.
