A la citación judicial de Andrés Cortabitarte para declarar como investigado siguieron los recursos, para dejar sin efecto la imputación, del abogado del alto cargo de Adif y de la Abogacía del Estado y ahora se han incorporado al juzgado las impugnaciones, contra esos recursos, de los representantes legales del maquinista del Alvia y de la plataforma de víctimas, que quieren que el que era jefe de Seguridad en la Circulación siga como investigado.

El abogado del conductor del tren sostiene que la línea Ourense-Santiago no cumple la normativa al carecer del certificado europeo de interoperabilidad, algo fundamental para la seguridad. Por ello, entiende que la Dirección General de Ferrocarriles no debió conceder la autorización de puesta en servicio del corredor.

Por su parte, la plataforma de las víctimas, además de incorporar el escrito de la ERA, considera un una "verdadera causa de estupor y de alarma social" que no Renfe ni Adif conocieran su obligación de realizar un análisis integral de los riesgos de la línea, lo que les llevó a no mitigar el peligro y al accidente de julio de 2013.