La creación de una Fiscalía Anticorrupción en Galicia con equipos especializados es una vieja demanda tanto del anterior fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, como del actual, Fernando Suanzes, para evitar que la dilación excesiva de estas causas provoque el cierre de sumarios. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) demuestran ese riesgo porque de los más de 900 delitos por corrupción tramitados en la comunidad entre 2011 y 2016, solo se dictaron 53 sentencias y el tiempo medio que suele transcurrir la imputación hasta que finaliza la instrucción no suele bajar de los cuatro años. Como en anteriores ocasiones también el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia y presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro Ortiz, solicitó de nuevo este organismo la semana pasada aunque lamentó que Galicia se quedase sin él al considerar que "no es una prioridad" para la Fiscalía General del Estado, aunque ahora su máximo responsable si defiende su idoneidad.
El fiscal general, José Manuel Maza Martín, contestó ayer, en la inauguración de la nueva sede judicial de A Coruña, que ve "conveniente" un delegado en Galicia de la Fiscalía Anticorrupción "si no hay ningún obstáculo, que, por ahora, no parece que haya".
"No puedo avanzar si es necesario, pero lo vamos a estudiar y es muy probable que se cree. Sinceramente, mi opinión es muy favorable a ello", insistió ayer Maza Martín. La Fiscalía Anticorrupción cuenta con Fiscalías Delegadas en Baleares, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Valencia, Sevilla, Castellón, Alicante, Almería, Cádiz, Murcia y Barcelona.
El tema también llegó esta semana al Parlamento gallego. El portavoz de En Marea, Luís Villares, anunció que su formación volverá a solicitar ese órgano en la Cámara autonómica, a pesar de que el PP rechazase esta petición en anteriores plenos. Según Villares, esta medida supondría "más medios personales y materiales para luchar contra la corrupción". Mientras que para Villares el número de casos de corrupción y la alarma generada justificarían su creación, para la viceportavoz del Partido Popular en la Cámara, Paula Prado, "sería necesaria una ratio de asuntos que en Galicia no hay, y eso es una buena noticia". En su opinión, la demanda de En Marea pretende generar alarma social.
Desde la Xunta, el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, aclara que el Ejecutivo autonómico estará "a lo que diga el fiscal general del Estado" como responsable de la decisión.
