La bisoñez de En Marea, que afrontó el 25-S su primera contienda electoral tras nacer un mes antes, provocó no solo una modesta campaña, sino también una falta de estructura en el papeleo, según explica Contas. "La falta de organización, estructura y ordenación de los documentos dificultó significativamente el desarrollo de la fiscalización", reconoce el organismo fiscalizador.
El grueso de la financiación procedió de las formaciones políticas que impulsaron En Marea. Trece de ellas inyectaron 309.950 euros, cantidad que no es considerada crédito.
Igual que en su momento hizo AGE -la coalición de Anova y EU- En Marea apostó por las aportaciones de sus simpatizantes y militantes mediante microcréditos, que supusieron 109.600 euros de los 482.847 que manejó de presupuesto. Esta fórmula de micromecenazgo permitió cesiones de entre 300 y 6.000 euros. Hasta la primera cantidad se consideran donaciones y a partir de ella, préstamos civiles.
Sin embargo, Contas afea a En Marea que no identifique a quienes financian sus arcas y deja para más adelante comprobar si se devuelven. "Mientras no sean devueltos esos préstamos civiles, no podemos obtener la evidencia suficiente de la realidad del compromiso de devolución de los préstamos, por lo que consideramos que se trata de donaciones, entendiendo que no estamos ante una deuda", razona.
Proveedores socialistas
Además, al PSdeG le reprocha también que dos proveedores que le facturaron más de 10.000 euros incumplan la obligación legal de remitir sus facturas.
En general, Contas no encuentra motivo de tacha a la información sobre la financiación de las formaciones políticas, que no se saltan la legislación vigente.
