El conselleiro de Educación y Cultura, Román Rodríguez planteó ayer que todas las administraciones fijen como objetivo compartido que "hasta los 18 años no se marche ningún alumno de los centros educativos" y que el 100% de quienes cursan la educación básica obligatoria obtengan la titulación.
Rodríguez lanzó esta propuesta durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, celebrada en el Senado con el propósito de alcanzar un pacto educativo en el ámbito estatal, en la que presentó estas medidas como las aportaciones que el Gobierno gallego estima imprescindibles para lograr un sistema "inclusivo".
La proposición de la Xunta -en Galicia la tasa de abandono escolar prematuro se sitúa en torno al 15%- apunta a la introducción de itinerarios académicos "flexibles" que favorezcan la "permanencia y progresión" del alumnado en el sistema educativo.
Dicho planteamiento, que no aclara si se busca la ampliación del período de obligatoriedad escolar o solo favorecer la continuación voluntaria de los estudios con el cursado del bachillerato o de un ciclo medio de formación profesional, se produce después de que Aragón y Cataluña abrieran en los últimos meses el debate sobre la posibilidad de extender la educación obligatoria hasta la mayoría de edad.
El conselleiro, que también solicitó la creación de una "certificación" para las competencias y saberes" del alumnado con "necesidades específicas", centró el resto de su intervención en la defensa de la especialización de los campus universitarios gallegos y del polémico modelo de enseñanza plurilingüe, alineándose, además, con el resto de comunidades gobernadas por el PP, que reclamaron una "colaboración leal y respetuosa" de todos los territorios en el debate y defendieron la "libertad de las familias" para elegir el centro educativo de sus hijos.
El peso de la comparecencia del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo -quien incluyó entre sus propuestas de ejes de trabajo a los señalados por el conselleiro-, recayó en la propuesta de aprobación de "un pacto presupuestario" que dote al posible acuerdo social y político sobre la legislación educativa de una "financiación estable y previsible" a lo largo de los años. Bajo el argumento de la garantía de "estabilidad" y "consolidación" del contenido que se consensúe entre comunidades autónomas y Gobierno central, Méndez de Vigo propuso un blindaje tal que su modificación solo sea posible mediante "una mayoría sobrecualificada" en las Cortes.
En lo que se refiere a la distribución de competencias entre administraciones, el ministro defendió un sistema educativo "flexible" adaptado a las diferencias territoriales aunque sin hacer "tabla rasa" sobre la base legislativa existente. Las siete comunidades gobernadas por el PSOE, así como Euskadi, Cataluña, Navarra, Cantabria y Canarias, sin embargo, coincidieron en situar las condiciones de posibilidad del entendimiento en la derogación de la actual Lomce.
Además, estas autonomías exigieron al Ejecutivo central que el futuro pacto incluya el respeto de sus competencias, el establecimiento de una financiación autonómica "justa" y que se reviertan los recortes realizados hasta el momento.
