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Impacto de la regularización de propiedades no declaradas

El Catastro "barre" 144 concellos para completar el rastraeo de inmuebles ocultos

Los afectados afrontarán un incremento medio de 115 euros en su recibo del IBI a partir de 2018 -Esta subida repercutirá ya este año en los bienes aflorados en los 79 ayuntamientos que se terminaron de revisar en 2016

El Catastro completará este año el proceso de regularización de inmuebles ocultos que inició en 2013. Tras haber aflorado más de 212.000 bienes en un total de 171 concellos, los técnicos prevén terminar este año el rastreo en los otros 144 ayuntamientos restantes, 32 de ellos en Pontevedra.El objetivo es destapar nuevas construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, cambios de uso, naves agrarias y hasta piscinas sin declarar para que abonen el IBI correspondiente. Los afectados por la revisión de 2017 sufrirán los efectos del "catastrazo" el próximo año cuando vean incrementado de media en 115 euros lo que pagan al consistorio por este impuesto, mientras que los propietarios de los bienes regularizados en 2016 en un total de 79 concellos notarán ya la subida en los recibos de esta anualidad.

Pero no será la única carga económica que soportarán los bolsillos de los contribuyentes afectados por este proceso de regularización catastral. La primera noticia que recibirán los afectados, ya durante el primer año, será una carta del Ministerio de Hacienda informándoles de que han descubierto un bien no declarado de su propiedad al tiempo que se les traslada que deberán pagar una tasa de 60 euros para regularizarlo. Al año siguiente se actualizará el recibo que pagan por el IBI incorporando las propiedades por las que hasta ahora no tributaban. Y además quedan obligados a abonar los atrasos -unos 286 euros de media-.

Durante este año el Catastro rastreará 144 municipios. En 64 de ellos, la regularización se inició ya el pasado año y está previsto que finalice el 30 de abril (en un total de veinte ayuntamientos) y el resto en el mes de julio. Además hay otros ochenta ayuntamientos donde las inspecciones empezaron a principios de 2017 y cuya conclusión se ha fijado para el 30 de noviembre, siempre y cuando no surjan complicaciones que obliguen a prorrogar este horizonte.

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En Pontevedra el "catastrazo" culminará en abril en los concellos de Moaña, Redondela, Vilaboa y Vilanova de Arousa. El 30 de julio acabará la regularización de inmuebles en Dozón, Lalín, Mos, As Neves, Nigrán, Poio, Portas, Ribadumia y Silleda. Los últimos que serán rastreados, y finalizarán en noviembre, serán los de Barro, Cambados, Cotobade, Crecente, Cuntis, A Estrada, Forcarei, Gondomar, A Lama, Meaño, Oia, Pontevedra, O Porriño, Rodeiro, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Tui, Valga y Vilagarcía de Arousa.

El Catastro tendrá que redoblar este año sus esfuerzos, puesto que 2017 era el plazo que se había fijado para terminar este proceso de regularización de inmuebles ocultos y además tendrá que rastrear un total de 144, frente a los 79 que culminó el pasado año -un total de veintinueve quedaron inspeccionados en marzo de 2016 y 50 terminaron de revisarse en julio del pasado año-.

En más de la mitad de los ayuntamientos gallegos el Catastro ya cumplió con el proceso de regularización de inmuebles ocultos y los resultados arrojan un total de 212.221 bienes destapados, que han supuesto un incremento medio del IBI a los afectados del seis por ciento.

La provincia donde se han descubierto más irregularidades ha sido Lugo. Tras revisar 52 concellos han detectado 85.289 inmuebles ocultos. El 46 por ciento de ellos nuevas construcciones que no se habían declarado y, por lo tanto, eludían el pago del IBI. Este año los técnicos completarán las inspecciones en otros 53 concellos.

En A Coruña el Catastro afloró 68.702 inmuebles tras inspeccionar 51 municipios. El principal fraude detectado, según informan desde Hacienda, son las ampliaciones y rehabilitaciones no declaradas (el 35 por ciento de los casos descubiertos). Ahora quedan pendientes de revisión 44 municipios más.

En Pontevedra se ha terminado ya el catastrazo en 28 ayuntamientos, donde han identificado 31.466 bienes sin declarar. Prácticamente la mitad (el 47 por ciento) son ampliaciones y rehabilitaciones y el 37 por ciento nuevas construcciones que no pagaban IBI. En esta provincia se está realizando el rastreo ahora en 32 entidades locales.

Donde más trabajo pendiente queda es en Ourense (53 concellos), puesto que hasta la fecha solo se han inspeccionado 28. El Catastro afloró en esta provincia 26.764 inmuebles y el 53 por ciento son nuevas construcciones.

No es casualidad que en Ourense y Lugo, las provincias más rurales, la irregularidad más detectada haya sido la existencia de nuevas construcciones sin declarar. Son galpones, naves, invernaderos o alpendres por los que los propietarios no abonaban IBI rústico y que, a partir de ahora, tendrán que pagar. Esto ha supuesto un duro varapalo a muchas explotaciones agrarias.

La Xunta firmó un convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para asesorar a los concellos y ayudar a los ciudadanos que, si no están conformes con la valoración que hace el Catastro, pueden presentar alegaciones.

Algunos ayuntamientos están ya fijando bonificaciones del 90 por ciento en los recibos del IBI rústico para estas instalaciones agrarias. Es el caso de Lalín, Silleda, Muxía, Curtis o Santiago.

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