A escasas semanas de finalizar su formación como experta en el cuidado de personas con limitaciones de autonomía, Dulce Porto quiso ser previsora. Eran los últimos días de febrero y la Xunta acababa de dar a conocer sus listas de contratación temporal para la función pública. Animada por la posibilidad de ejercer con prontitud de lo suyo, decidió consultar la resolución para ir preparando los trámites. Sorprendida, detectó entonces que su titulación no se encontraba en la categoría que le correspondía. "La ausencia debe responder a un error", pensó. Al otro lado del teléfono de atención de la Consellería de Educación, sin embargo, las explicaciones revelaron una sorpresa desagradable.
Después de dos años de formación, Porto descubrió que había invertido 2.000 horas de su vida en una titulación a la que la Xunta, responsable de su creación, no reconocía una categoría profesional y, a la que, en consecuencia, tampoco incluía en sus convocatorias de empleo público. Por extensión, Porto averiguó que, además de no existir plazas para las ocupaciones ligadas a la formación de su FP, la condición de graduada no le concedería ningún mérito adicional al presentarse a otras ofertas de empleo de la administración:"Me dijeron que, como mucho, nos podíamos apuntar en las categorías que solo requieren el graduado escolar".
Dado que, además, los centros privados no tienen la obligación de contratar a personas que posean el título de especialistas en atención a dependientes, las cerca de 6.000 personas que en los últimos cuatro cursos han accedido a este grado medio en Galicia no tienen más opción que aspirar a empleos en los que, al no estar reconocida su formación, tienen salarios que no se ajustan a la especialización adquirida. Desde la Consellería de Educación sostienen que "no es su competencia que exista correspondencia entre los títulos educativos y las categorías profesionales".
Expectativas frustradas
Tras la aprobación de la Ley de Dependencia, el Ministerio de Educación tradujo la necesidad de contar con profesionales en la asistencia para la autonomía personal con la creación en 2011 del título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia con el fin de facultar en el cuidado a personas dependientes en el ámbito domiciliario e institucional en servicios de carácter asistencial, psicosocial y de apoyo a la gestión doméstica.
En Galicia, muchas personas depositaron sus esperanzas laborales en la FP, animadas por las perspectivas de empleabilidad que la propia Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa -resposable de establecer el currículo académico de la titulación en 2012- atribuía al grado: "Posibilita una inserción laboral inmediata y una proyección profesional futura".
Sin embargo, la realidad, repetida en otras partes del Estado, contradice el optimismo de las predicciones guber namentales."Ni yo ni ninguna de las 25 personas de mi clase encontramos trabajo de lo nuestro", asegura Anabel Pazos. Titulada el pasado año en el CIFP Compostela, cree que su situación representa la de todo un colectivo que se siente estafado.
Junto a Porto y otras seis personas, Pazos está impulsando la fundación de una asociación para contar con una figura con personalidad jurídica desde la que movilizar a los afectados y defender sus reivindicaciones: "Tenemos derecho a acceder a las listas públicas y a poder tener un convenio laboral".
Pendientes de lograr una reunión con la Consellería de Política Social, por el momento la Valedora do Pobo admitió su queja y En Marea las ha recibido en el Parlamento.
En el entretiempo de la espera de soluciones, quieren lograr el apoyo de los concellos y, sobre todo, visitar los doce centros públicos en los que se imparte la titulación para evitar que la desinformación se siga expandiendo. Nadie les advirtió al acceder al ciclo de que su FP no contaba con más reconocimiento que el académico: "Ni el profesorado ni las direcciones de los centros estaban al tanto".
