La Coordinadora Nacional de Emigrantes Retornados de Galicia denuncia en el Parlamento Europeo (PE) la "persecución" de la Agencia Tributaria a los retornados que cobran pensiones de otros países miembros de la Unión Europea (UE) y lo que consideran un "trato fiscal discriminatorio".
"Más de 300.000 retornados gallegos en lugar de disfrutar la jubilación se ven obligados a manifestarse por estar siendo perseguidos fiscalmente por la Agencia Tributaria española", defendió ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara Alexandre Lago Portelo, miembro de la Plataforma de Emigrantes Retornados de la Comarca de Vigo que habló en representación de la Coordinadora.
Lago Portelo criticó que Hacienda aplica un "trato fiscal discriminatorio" a los retornados por el origen de sus pensiones aún cuando estas proceden de otros Estados miembros de la UE, obligándoles a tributar por ellas cuando en los países pagadores estarían exentas.
Asimismo, denunció que aquellos retornados que cobran pensiones por invalidez se ven obligados a demostrar esta condición ante las autoridades españolas sin que se acepten los reconocimientos otorgados por los países donde trabajaron, de forma que hay casos en que el pagador reconoce un cien por cien de invalidez y España un "dos o tres por ciento".
El peticionario insistió en que los afectados, unas 300.000 personas, en su mayoría con más de 70 años y residentes en el medio rural, se ven obligados a acudir a los tribunales para resolver sus casos y pidió una solución colectiva para evitar este proceso individual "largo y tedioso".
En respuesta a la petición, la Comisión parlamentaria decidió mantener abierto el proceso y enviar una carta al Gobierno español, a la Comisión Europea y al Consejo Europeo (que representa a todos los Estados miembros) informándoles del problema e instando, en particular al Ejecutivo español, a buscar una solución "en la línea" de las demandas de la Coordinadora.
También se remitirá el Asunto a la Comisión de Economía de la Eurocámara y a la de Empleo y Asuntos Sociales, que deberá evaluar en concreto el tema del reconocimiento de la invalidez a través de las fronteras.
Sin embargo, tanto la Eurocámara, la Comisión Europea como la eurodiputada española del Partido Popular y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, Rosa Estarás, subrayaron que las instituciones de la UE no tienen competencias en la materia.
La fiscalidad de las pensiones, recordaron, es un asunto regulado a través de acuerdos bilaterales entre países, por lo que la solución dependerá de las autoridades españolas.
"No hay armonización ni en un caso ni en otro y por lo tanto el competente es el Estado miembro", dijo Estarás en referencia a las pensiones y el reconocimiento de invalidez, al tiempo que defendió la medidas tomadas por la Xunta de Galicia y el Gobierno central.
La Xunta, según dijo, mantuvo varias reuniones con afectados, mientras que el Ejecutivo central modificó la reforma del IRPF permitiendo a los retornados recuperar lo pagado en intereses y sanciones.
La Plataforma considera, sin embargo, que "la Xunta no ha hecho nada a favor de este colectivo".
Por su parte, la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa, Lidia Serna, consideró que la Xunta y el Gobierno "respuestas no han dado" puesto que el problema sigue sin resolver y criticó que la CE "eche balones fuera".
"Podemos forzar a la CE a poner voluntad política para resolver esta situación. La CE tiene recursos y si quiere puede hacerlo", afirmó.
