La convocatoria de las oposiciones de educación está un poco más cerca. El Gobierno central planteó ayer una nueva vía para desbloquear en las próximas semanas las pruebas docentes que tenían previsto realizar este año las comunidades autónomas. Hasta ahora, el Ejecutivo de Rajoy había vinculado la autorización de la oferta de empleo público a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, algo que a estas alturas se presume muy complicado porque el PP no tiene mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, ahora se propone autorizar las oposiciones mediante un decreto ley, una fórmula más rápida de tramitar y para la que es más fácil encontrar apoyo en el resto de los partidos del Congreso. En el caso de Galicia, la Xunta tiene previsto sacar al mercado 1.043 plazas de profesores, 912 de ellas de nuevo ingreso y el resto, 131, de promoción interna.
La Consellería de Educación celebró la alternativa propuesta por el ministerio y la calificó como "muy buena noticia para los opositores, que necesitan certezas y seguridad jurídica ante este proceso".
Por la mañana, tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, había avanzado que el Ejecutivo estudiaba presentar, junto con el proyecto de los presupuestos generales del Estado para este año, una "apoyatura legal" para poder convocar la oferta de empleo público en el ámbito de la enseñanza, pero también para las academias militares y para la Guardia Civil, alegando que estos tres colectivos "tienen un calendario especial y, por tanto, requieren un medidas especiales".
"Soy consciente de que los exámenes de maestros tienen lugar en julio y, por tanto, si hubiera que esperar a la aprobación de los presupuestos del Estado, no habría tiempo material para realizarlos", admitió el ministro, quien insistió en que la intención del Gobierno es que haya una oferta "muy importante" de empleo público para 2017, además de reducir el número de interinos.
Así, recordó que el jueves se reunió el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos y que, "en los próximos días", se convocará la mesa general de la Administración Pública "para concretar". "Sabemos que hay mucha gente que ha estudiado, que se ha preparado y que está preocupada con esta situación", asumió.
Posteriormente a las declaraciones del portavoz del Gobierno, el Ministerio de Educación avanzó, a través de Europa Press, que esa "apoyatura legal" para autorizar las oposiciones será mediante un decreto ley, una vía alternativa a los presupuestos generales, de tramitación más ágil y para la que, en principio, resulta más fácil encontrar apoyo en el Congreso cuando haya que convalidarlo.
Además, había un problema de plazos. En el caso de aprobarse los presupuestos del Estado, esto sería a finales de mayo, lo que impedía celebrar las oposiciones antes del inicio del curso escolar, como siempre se ha hecho.
La vía vía del decreto ley es la que reclamaron en las últimas semanas varias comunidades, los partidos de las oposición y los sindicatos de la enseñanza. Sin embargo, esta fórmula contradice los últimos mensajes del PP, que siempre la vinculó de modo ineludible a la aprobación de los presupuestos del Estado. Algo que también hizo de manera reiterada el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
La autorización sería para una tasa de reposición del 100%, que es con la que la Xunta ya ha trabajado internamente para apurar los trámites al máximo.
La situación de incertidumbre creada, dado que la OPE de educación estaba vinculada a unos presupuestos de muy difícil aprobación, hizo que varias autonomías anunciaran la renuncia a convocar oposiciones y su acumulación a las plazas de 2018, como es el caso de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Asturias. País Vasco y Andalucía mantuvieron su decisión de seguir adelante y otras, como Galicia, Madrid, Cataluña o Baleares, prefirieron agotar los plazos y esperar a que el Gobierno propusiera una salida alternativa antes de tomar una determinación definitiva.
La Consellería de Educación considera que la decisión del ministerio "encaja" con el trabajo interno realizado en los últimos meses, dado que ya están definidas las especialidades y fijado el número de plazas que se sacarán al mercado laboral. "El objetivo era tenerlo todo preparado para cuando se desbloqueara la situación. Por tanto, la consellería ya está preparada y publicará la convocatoria tan pronto como se apruebe el decreto ley que garantice la seguridad jurídica necesaria", valora el departamento de Román Rodríguez.
