El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado una sentencia dictada por un juzgado de lo Social de Pontevedra que condenaba al Concello de Portas y a la Seguridad Social a abonar un recargo del 50% en las prestaciones que percibe una empleada municipal por no tomar el concello las medidas preventivas adecuadas para proteger a una trabajadora social que finalmente sufrió una grave agresión por parte de un vecino.
Los hechos se remontan a julio de 2012, con el anterior gobierno, cuando un vecino del concello la golpeó con una barra de hierro en el parking anexo al Concello. La agresión le provocó graves heridas y le dejó importantes secuelas físicas y psicológicas y se le concedió una incapacidad permanente.
El juzgado de lo Social indicaba que la causa de la agresión a esta mujer se vincula a su labor en el concello y, en concreto, por el mayor seguimiento, rigor y control que tenía con el cumplimiento de sus deberes por los perceptores de la Risga. Eso provocó el ser objeto de ataques por algunos perceptores de estas rentas o sus familiares.
La Seguridad Social y el Concello recurrieron el fallo, pero el TSXG da la razón a la demandante y señala que hubo "incumplimientos relevantes" en "materia de prevención de riesgos" respecto a ella. "Era conocido por el ayuntamiento demandado el descontento de los usuarios del servicio y la situación de conflicto entre la trabajadora posteriormente agredida y los usuarios", como denotan, apuntan, "ataques previos a bienes de su propiedad (pinchazos)"- "extremos que hacían probable el riesgo de agresión", alega.
