Dos de cada diez médicos del Sergas trabajan también en la sanidad privada. Según los datos de los colegios profesionales, son más de 1.400 los facultativos que han declarado compaginar ambas actividades del total de 7.000 que ejercen en la pública. Para poder compatibilizar su labor, los doctores están obligados a solicitar la autorización de la Xunta y, a cambio, deben renunciar al complemento específico de dedicación.
El Consello Galego de Bioética en su último informe advertía que se debe impedir que un facultativo atienda al mismo paciente en la pública y en la privada y desde la Asociación Batas Blancas han alertado de irregularidades en varias ocasiones. Alguna de estas denuncias ha sido incluso recogida por la Fiscalía de A Coruña, que el año pasado abrió una investigación a tres médicos para averiguar si derivaron y operaron a pacientes en clínicas privadas.
El hecho de que los médicos del Sergas tengan su consulta particular genera recelos. Por un lado, surgen las dudas sobre el hecho de que el profesional pueda descuidar su trabajo en la pública. Por otro, existen denuncias de irregularidades como derivar pacientes a clínicas privadas o aprovecharse de los recursos del Sergas, como por ejemplo, de las pruebas médicas, para favorecer a los clientes de sus consultas particulares.
En la Comunidad Valenciana la Generalitat ha emprendido, de hecho, una campaña apelando a la "solidaridad" de los facultativos para que abandonen la privada y además obliga a los médicos que quieran acceder a una jefatura de servicio a que trabajen exclusivamente para la pública.
Sin embargo, los médicos que compatibilizan ambas actividades alegan que los sueldos en la sanidad pública son bajos y la administración sanitaria es consciente de que le costaría retener a algunos especialistas de nivel si no les permite trabajar en la privada.
Aunque desde la Xunta aseguran que no disponen de datos sobre cuántos médicos del Sergas tienen reconocido el derecho a compatibilizar su actividad con la privada, los colegios profesionales sí registran en sus ficheros donde ejercen su trabajo los colegiados. En Galicia hay unos 13.400 profesionales y, de ellos, el diez por ciento trabaja en la pública y la privada. Si se mide en relación a la plantilla de 7.000 doctores del Sergas, serían dos de cada diez profesionales compaginando ambas actividades.
En el Colegio de Médicos de Pontevedra de los 4.344 colegiados, un total de 542 tienen reconocida la compatibilidad (el 12,4 por ciento). En Ourense son 150 de los 1.530 miembros colegiales (el 9,8 por ciento). En Lugo compaginan su actividad en ambos sectores un total de 121, casi un ocho por ciento.
El Colegio de Médicos de A Coruña asegura que tiene datos imprecisos, puesto que no todos los facultativos ha declarado su lugar de trabajo. En todo caso, atendiendo al mismo porcentaje que el resto de provincias, habría unos 600 doctores compaginando la pública y la privada de los alrededor de 6.000 colegiados coruñeses.
El Consello de Bioética había reclamado medidas para evitar que un profesional derive a pacientes a su consulta particular para hacerse determinadas pruebas o agilizar su atención con la excusa de que así evita listas de espera. "Las autorrecomendaciones son inadmisibles", alertan. Para ello propone que se prohiba que un facultativo pueda atender al mismo enfermo en la pública y la privada.
Los hospitales privados piden a Sanidade más flexibilidad y controles contra el fraude
- La normativa sobre incompatibilidades gusta ya a muy pocos. Los colegios de médicos creen que está "obsoleta" y desde la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) han solicitado cambios a la Xunta. La patronal de la sanidad privada pide al Sergas que flexibilice la prohibición a los médicos de la pública de trabajar en centros concertados. Según argumentan, la Consellería de Sanidade puede tener concertada solo una determinada actividad con un hospital privado. Sin embargo, los facultativos del Sergas tienen prohibido trabajar en la totalidad de ese centro, aunque su especialidad no esté incluida en el concierto. Pero también reclaman más vigilancia contra el fraude. Así, advierten de las nuevas posibilidades de control que ofrecen las innovaciones tecnológicas como el sistema Ianus en Galicia, que permite realizar un seguimiento de la historia clínica y de la actividad de los facultativos "lo que hace más fácil la lucha contra las prácticas fraudulentas". La norma que regula el régimen de incompatibilidades es estatal, aunque después comunidades como Galicia tienen una regulación específica. Por esta razón, Ahosgal propone que mientras no se hagan cambios a nivel estatal la Xunta aprueba modificaciones para que los profesionales sanitarios puedan ejercer su actividad de forma "clara, transparente y con criterios objetivos".
