Hasta cinco ciudades gallegas apuestan por aplicar recargos en el IBI a las viviendas vacías. Tres de ellas -Santiago, A Coruña y Pontevedra- ya contemplan, de hecho, esta opción en sus ordenanzas fiscales y solo esperan que el Gobierno central defina jurídicamente qué es un inmueble desocupado para empezar a aplicarlo. Llegado ese momento, Ferrol y Lugo también se sumarían. Solo los ayuntamientos de Ourense y Vigo aseguran que no se han planteado de momento fijar un gravamen a los pisos deshabitados, aunque aseguran que lo estudiarán si esta opción consigue amparo legal. El PP se sumó el pasado viernes a una iniciativa de En Marea para instar precisamente al Ejecutivo a desarrollar el reglamento necesario para concretar las características de un inmueble vacío. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) respalda esta demanda y abordará el asunto mañana en una reunión con expertos y alcaldes.
De hecho, el Instituto Galego de Vivenda e Solo desveló que ya trasladó al Ministerio de Fomento la petición para que se definan los criterios para declarar una vivienda como desocupada. Su interés está en la necesidad de tener un respaldo jurídico para poder actuar sobre el Censo de Vivendas Baleiras de la comunidad autónoma. Pero además esto supondrá que los concellos podrán por fin aplicar el artículo 72 de la Ley de Haciendas Locales que permite recargos en el IBI a estos pisos, una herramienta que servirá para movilizar estos inmuebles y ponerlos a disposición de quien los necesita. "Espero que próximamente se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno", señaló ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.
Municipios
La Federación Estatal de Municipios de Provincias aprobó ya en 2010 una resolución reclamando al Gobierno que defina lo que es una vivienda vacía. Los concellos gallegos, a través de la Fegamp, ven "acertado" que se desarrolle el reglamento para "dar seguridad jurídica" a aquellos ayuntamientos que decidan imponer este recargo. "Lo cual no significa que lo vayan a hacer el cien por cien de los ayuntamientos", aclaran.
Algunos municipios gallegos, sin embargo, ya recogen en sus ordenanzas fiscales aumentar el gravamen a los pisos en desuso, a la espera de contar con respaldo legal para empezar a cobrarlo. En Pontevedra regularon ya en 2003 la imposición de un recargo del 25 por ciento en la cuota líquida del IBI a las viviendas desocupadas. Y a falta de definición, por parte del Gobierno, fijaron sus propios criterios: que no estén dadas de alta en el suministro de auga, que contando con el servicio de abastecimiento estén "manifiestamente desocupadas" o que reconozca el dueño que están vacías.
En el año 2015 el Concello de Santiago incluyó también a en su ordenanza municipal un recargo del 50 por ciento en el IBI a las viviendas desocupadas con carácter permanente. Y además está elaborando su propio censo de inmuebles desocupados.
En la ciudad de A Coruña el recargo sería también del 50 por ciento, según la normativa municipal en vigor. "Se podría aplicar tan pronto exista una definición por parte del Gobierno", aclaran.
Mientras, el Concello de Lugo, aunque no tiene todavía recogido este recargo en ninguna ordenanza fiscal, explica que ya aprobó en el pleno municipal una iniciativa dirigida al Parlamento gallego para que inste al Gobierno a definir el concepto de vivienda vacía y de esta forma tener luz verde para establecer el recargo. Y en Ferrol explican que también son partidarios de "gravar las segundas viviendas vacías y las que son patrimonio de las entidades bancarias".
En el caso de Vigo, desde el ayuntamiento señalan que "cuando haya una definición de vivienda vacía se estudiará", mientras que en Ourense la concejal de Facenda, Ana Fernández, explicó que analizarán el asunto en la junta de gobierno.
La justicia frustró intentos de aplicar este recargo
- Más de 220 ayuntamientos en toda España están a la espera de aval jurídico del Gobierno para aplicar el recargo en el IBI a las viviendas desocupadas. Algunos, sin embargo, se adelantaron e intentaron imponer este gravamen sin esperar a la definición de lo que es un piso vacío y la justicia se encargó de tumbar sus ordenanzas fiscales. Fue el caso del Concello de Cangas, que recogió en 2008 una penalización en el IBI del 50 por ciento a inmuebles deshabitados. Fue recurrido por la Asociación de Promotores y Empresarios de la Construcción de Cangas y el Tribunal Superior de Xustiza anuló el recargo en 2011, de manera que nunca se llegó a aplicar.En Asturias, ayuntamientos como Avilés y Oviedo también aprobaron recargos en el IBI a pisos desocupados y fueron frenados por la justicia que les recordó que es competencia del Gobierno definir qué es una vivienda vacía.Pero no solo los municipios desafiaron a la justicia intentando gravar estos inmuebles, algunas comunidades como Andalucía o Cataluña aprobaron leyes para tratar de regularlo y sus planes también se frustraron.En el caso de Andalucía fueron varios los ayuntamientos, entre ellos Sevilla y Córdoba, que desde 2008 llevaban intentando sin éxito aplicar este recargo. En 2013 la Junta de Andalucía aprobó un decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, que no solo contemplaba gravar las viviendas vacías sino incluso expropiarlas. Sin embargo, fue tumbado por el Constitucional.Algo parecido intentó Cataluña al fijar por ley un incremento del IBI del 50 por ciento de los inmuebles desocupados. El Constitucional aceptó a trámite un recurso del Ejecutivo central contra esta norma, que todavía no se ha dirimido.El único caso de éxito ha sido el País Vasco, que en 2015 aprobó una ley para dar amparo legal a los ayuntamientos que ya estaban aplicando este canon. De hecho, la Diputación de Guipúzcoa permite recargos de hasta el 150 por ciento y en San Sebastián un juzgado avaló el gravamen que aplicaba el ayuntamiento de Zarautz.
Los bancos anotan 2.600 inmuebles desocupados en el censo de la Xunta
- Las entidades financieras declararon 2.600 inmuebles desocupados situados en municipios gallegos de más de 10.000 habitantes, según el Censo de Vivendas Baleiras de la Xunta.Así lo apuntó ayer la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, tras reunirse en Santiago con el decano del Colexio de Rexistradores, Hermes Rego, con quien acordó llevar a cabo "un intercambio ágil de datos de inmuebles de las entidades financieras" que, según señalaron, son de obligada inscripción en el censo de la Xunta.La conselleira informó además que 72 familias gallegas están ya ocupando viviendas cedidas por entidades financieras a la Xunta en el marco de diversos convenios de colaboración.Ethel Vázquez explicó que la Xunta "trabaja con intensidad" en la movilización de viviendas vacías, a través de mecanismos para destinarlos a familias.Además, explicó que lo que interesa a la Xunta "son las viviendas desocupadas en condiciones de habitabilidad", con el fin de "equilibrar lo que es un sinsentido, miles de viviendas desocupadas y familias con dificultades para acceder a un piso".Concellos apuntadosHasta el momento, un total de 39 ayuntamientos se han incorporado al programa de la Xunta de viviendas vacías para crear una bolsa social disponible.La reunión entre la Xunta y el Colexio de Rexistradores servirá para estrechar la cooperación e identificar las viviendas vacías en Galicia dentro de un marco de diálogo. A este respecto, Hermes Rego mostró la colaboración de la entidad de la que es decano para la elaboración de este censo y "solucionar este problema".
