Una circular de la edil de Hacienda, a la que tuvo acceso FARO, pone en conocimiento de todos los servicios del Concello que a partir del 1 de junio de 2017, la intervención municipal "dejará de realizar una serie de funciones denominadas impropias", y que "no le corresponde atender", sobre todo las funciones relativas a la confección de decretos, hasta concretar doce puntos.

Los grupos de la oposición tuvieron conocimiento del decreto. Aunque el portavoz socialista reconocía no tenerlo, advirtió sobre la "interpretación perversa que se puede hacer", además de indicar que "nosotros cuando gobernábamos no le retiramos ninguna competencia".

Más directo fue el portavoz de OUeC, Martiño Vázquez, para denunciar que "reducir competencia a la fiscalización es muy significativo", y que pone de manifiesto que al gobierno popular "no le gusta el control". Además de alertar que "no será el último departamento municipal afectado", pero sin ir más allá.

Las diferencias entre interventor y gobierno se pusieron de manifiesto en relación al proceso de modificación de la nueva relación de puestos de trabajo del Concello.