A junio de 2013 se remonta la primera reprimenda de la Comisión Europea al Gobierno por las subvenciones concedidas a las comunidades para desplegar la red de televisión digital terrestre (TDT) en zonas de interior y dispersas que estaban en riesgo de irse a negro por el apagón tecnológico. El plan, con 260 millones de euros de presupuesto de los que Galicia recibió 17 millones, era "incompatible con las normas de la UE sobre ayudas estatales" porque favoreció a una de las tecnologías posibles, la terrestre, y eso supone "una ventaja selectiva con respecto a sus competidores" y el "falseo de la competencia". Por esa misma razón y con la misma orden también de devolución del dinero, Bruselas invalidó meses después, en octubre de 2014, el plan concreto que tuvo Castilla-La Mancha con 43,8 millones de euros más. Del total, solo se recuperó el 2% (5,5 millones), nada en el caso de la partida que manejó la Xunta y la empresa pública Retegal; y las autoridades comunitarias han decidido llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que cumpla.
La Comisión recuerda que, además de la terrestre, la televisión digital puede llegar por satélite, cable o Internet. Que la financiación debería haberse formalizado "sin discriminación alguna". "Las medidas tomadas por las autoridades españolas únicamente beneficiaban a la tecnología digital terrestre", explica, e incluso existió "una discriminación entre distintos operadores terrestres". "Las restricciones pueden haber privado a los consumidores de algunos posibles beneficios -añade-, por ejemplo unas mayores posibilidades de elección y unos precios más bajos".
Los dos requerimientos, el general en el que está incluida Galicia y el que afecta solo a Castilla-La Mancha, marcaban expresamente "que las subvenciones debían ser devueltas a las autoridades españolas correspondientes". "Más de tres años y medio después de la primera decisión y más de dos años después de la segunda, las autoridades españolas solo han recuperado una pequeña parte", critica Bruselas, que se muestra "especialmente preocupada" porque España "sigue pagando por el funcionamiento y mantenimiento de partes de la red de TDT" y por lo tanto desembolsando "subvenciones ilegales en detrimento de otros operadores".
"Como consecuencia del retraso en la aplicación de las decisiones, el falseamiento de la competencia en el mercado correspondiente no se ha detenido", justifica la Comisión en una comunicación con la que anuncia el siguiente paso. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite a la Comisión recurrir directamente al TJUE en caso de que un Estado se salte la orden o los plazos para ejecutarla. Y así ha sido.
La Xunta y Retegal, que se encargó de los trabajos de la TDT en las llamadas "zonas oscuras" de Galicia, recurrieron el dictamen comunitario. Pero el Tribunal General de la UE. Ni los suyos ni los otros ocho recursos de anulación interpuestos por otros afectados encontraron el respaldo de la justicia europea. El Ejecutivo gallego optó entonces por un recurso de casación, todavía por resolver. "En cualquier caso, la obligación de aplicar las dos decisiones de la Comisión que corresponde a las autoridades españolas no se interrumpe por los recursos de anulación contra ellas -remarca Bruselas-. España sigue estando obligada a recuperar las ayudas incompatibles y a suspender todos los pagos en curso correspondientes a dichas ayudas". E, insiste, la recuperación es "crucial" para "paliar el falseamiento de la competencia". La comunicación acaba con una dura advertencia: si un Estado miembro no cumple la sentencia del TJUE se abre la puerta a "la imposición de sanciones pecuniarias".
En el recurso de casación que todavía no se resolvió la Xunta y Retegal se aferran a que no había ninguna otra empresa que estuviera dispuesta a asumir el despliegue de la TDT en Galicia y que el fallo que negó la anulación cuenta con numerosos "errores" sobre "la situación individual de Galicia".
