El Parlamento ya ha puesto fecha para iniciar la nueva reclamación de la transferencia a la Xunta de la Autopista del Atlántico (AP-9) con una fórmula que elimina los obstáculos alegados hasta ahora por el Gobierno central para bloquear esa aspiración. El acuerdo se fraguó a mediados de enero, pero será en la sesión plenaria de martes y miércoles cuando PP, En Marea, PSdeG y BNG se unan para comenzar la tramitación de la retocada propuesta de ley.
La oposición rebajó sus peticiones en el texto para dejar sin excusas a los populares, que en Galicia han reclamado asumir la titularidad de la principal vía de comunicación de la comunidad y en Madrid han tumbado la iniciativa. Sucedió el año pasado, cuando la Mesa de la Cámara frenó la tramitación de una proposición de ley más ambiciosa y que también había gozado de unanimidad en O Hórreo. A cambio, Fomento incorporó al Ejecutivo autonómico a la comisión de gestión de la autovía.
El texto pedía iniciar la transferencia en un plazo de seis meses como máximo y no se especificaba ningún veto al rescate de la misma de manos de la concesionaria. A ese punto se agarró el Gobierno para tumbar la reclamación so pena de no poder embridar el déficit público. Antes, también había alegado que la vía era de interés general, aspecto que no impidió que Cataluña y Euskadi sí tuviesen la última palabra sobre infraestructuras similares.
El texto consensuado por las cuatro fuerzas gallegas con asiento parlamentario elimina no solo el plazo para concretar la reclamación, sino que incorpora una disposición que garantiza que las arcas públicas no mermarán por un hipotético rescate. "El traspaso [...] no supondrá incremento alguno de los créditos ni disminución de los ingresos previstos en la ley de presupuestos generales del Estado en vigor", establece.
De concretarse el primer paso para la transferencia, no ocultará las diferencias de fondo. En Marea y BNG -el impulsor de la proposición original- quieren rescatar la vía y anular los peajes tras lograr la titularidad, como dejó claro ayer la frentista Ana Pontón, quien retó a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, a implicarse para "que no haya un nuevo veto" y recordó el rescate de las radiales madrileñas en ruina. Su homólogo en En Marea, Luís Villares, la secundó tras la junta de portavoces en la Cámara. "Tiene una nueva oportunidad para comportarse como presidente", retó a Feijóo.
El PSdeG mantuvo un perfil diferente, alejado de maximalismos. Xoaquín Fernández Leiceaga consideró "necesaria" la rebaja de peajes, pero pidió huir de "cualquier iniciativa muy inflada", en alusión al rescate.
Por su parte, el PP asegura querer la transferencia, pero ya ha descartado que ello implique rescatar la vía de la concesionaria antes de 2048. Su portavoz parlamentario, Pedro Puy, reconoció que "no siempre es fácil mantener la misma posición" en Galicia y en Madrid sobre el asunto, pero confió en lograr finalmente el traspaso. En una comisión del Congreso este mes, los populares votaron en contra de una iniciativa de En Marea para instar al Gobierno al traspaso, que finalmente fue aprobada.
