La oposición reaccionó ayer al freno a la convocatoria de oposiciones y calificó la situación como un "chantaje inaceptable". El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Juan Díaz Villoslada, acusó al presidente de la Xunta de utilizar las oposiciones para "hacer chantaje político" tras anunciar la "posible congelación" de la OPE si no hay Presupuestos Generales del Estado. Advirtió de la "irresponsabilidad" de paralizar el proceso y criticó que se anuncien 1.000 plazas en la enseñanza pública, 1.600 en el ámbito sanitario y "al día siguiente se haga chantaje político mientras miles de personas están haciendo un esfuerzo económico y en sus vidas" para preparar estas pruebas. Añadió que "pone en peligro la necesaria recuperación de los servicios públicos". Apuntó, además, que existen "mecanismos para hacerlo", como ocurrió con "los recortes, a base de decreto ley"; se puede usar el mismo mecanismo "de forma extraordinaria" para la "recuperación de los servicios públicos", según los socialistas.

En Marea también calificó de "chantaje" la vinculación de la convocatoria de ofertas públicas de empleo a la aprobación de los PGE, acusando de "hacer rehenes" a las personas que "llevan años esperando para tener una oportunidad laboral".Luis Villares criticó a un Gobierno central "en débil minoría" que "no tiene cultura de pactar". La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, solicitó a Feijóo, que "mantenga" las oposiciones docentes y "no acepte la imposición" del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Para el BNG es un ejemplo de un Estado centralizado y una autonomía suspendida.

Los sindicatos defienden que existen vías para convocar y que "es cuestión de voluntad política".

Una reacción "clara"

ANPE indica que un Real Decreto con la tasa de reposición sería una de las salidas para ganar seguridad jurídica en caso de que no se aprueben las cuentas del Estado. Demandan una reacción "urgente y clara: afecta a miles de personas". "Es una vergüenza jugar con el profesorado para sacar rédito político", apuntó el sindicato. CIG-Ensinó confía en que Galicia convoque, igual que País Vasco. "Educación no tiene una notificación para no seguir adelante", explicó. Para CCOO existen varias fórmulas para seguir y critica que se ponga "en juego el futuro de las personas". El CSIF asegura que pueden dejar de cubrirse 50.000 plazas en el país y pedirá a Ana Pastor un acuerdo "al mas alto nivel".