Para cumplir con el principio de solidaridad que marca la Constitución para la España de las autonomías, el Gobierno dispone de los llamados fondos de compensación interterritorial (FCI). El nombre lo dice casi todo. Su principal fin es enmendar los desequilibrios económicos que existen entre unas y otras comunidades. Aunque cuentan con una normativa propia, en la práctica funcionan como una inyección más en el sistema de financiación a las comunidades. De ahí que la reforma del modelo actual en la que desde ayer trabaja ya el grupo de "sabios" elegidos por Moncloa y las regiones incluya una vuelta a este tipo de recursos, claramente oxidados. El cálculo y la distribución dependen tanto de las etapas de bonanza que Galicia acumula desde 2008 un brusco desplome del 78% en los fondos con los que supuestamente podría cabalgar hacia la convergencia en renta con las comunidades más ricas. Entonces recibía 200 millones de euros. Ahora llegan a sus manos unos 45 millones.
No todas las autonomías tienen derecho a los FCI. Las beneficiarias en la actualidad, además de Galicia, son Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Asturias, Murcia, Cantabria y Ceuta y Melilla. Las que se quedan por debajo de la renta media per cápita, que ascendió a 23.178 euros al cierre de 2015. En Galicia son unos 20.400 euros, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La cuantía global debe, al menos, alcanzar el 22,5% del importe que cada ejercicio el Ejecutivo central destina a nuevas inversiones de carácter civil. Una cuarta parte puede destinarse a los gastos de funcionamiento de los proyectos que se ejecutan a cargo de los fondos de compensación. A partir de ahí, el reparto se articula en función de la población, del saldo migratorio, el desempleo y la población en edad de trabajar, la superficie y la dispersión. Criterios todos que afectan de lleno a Galicia y para los que la Xunta reclama un mayor peso en el sistema de financiación del futuro.
En años de vacas muy flacas para los ingresos públicos, las inversiones cayeron en picado y arrastraron con ellas el cálculo de los FCI. A lo que se une la tendencia a concentrar las obras en los organismos de la administración paralela. Que no computan para ese mínimo del 22,5% del importe. ¿Consecuencia? El presupuesto de los fondos de compensación, que llegó a superar ampliamente los 1.300 millones de euros en 2008 y 2009, se limita en estos momentos a 432,4 millones.
En 2002, Galicia llegó a recibir el 21% de todos los FCI. Una proporción que no dejó de bajar desde ese momento. En el periodo de crecimiento económico, su participación rondaba el 16%. En 2015 tocó el mínimo, un 9,9% de los fondos. Y en 2016, como recoge la información que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda, el 10,4%. El recorte de los fondos en su caso en estos últimos ocho ejercicio, el 78% -cerca de 160 millones de euros menos al año- supera de largo el descenso acumulado en el global de los FCI, que cayeron un 67%.
El acercamiento a la renta media nacional explica parte también de la pérdida de Galicia en los FCI. En 2008, la riqueza por habitante en la comunidad se situaba un 12,6% por debajo del dato del país. El 11,6% siete años después. Pero hasta el proceso de convergencia está condicionado por el invierno demográfico. El Producto Interior Bruto (PIB) de la región creció un 3,2% en 2015. La renta per cápita un 4,2%. ¿Por qué? Porque la población disminuyó un 0,5%. Somos menos a repartir.
