Las denuncias por ataques de lobos se han incrementado el pasado año y tanto los ganaderos como los ecologistas miran a la Xunta. Aunque sus posturas sean diferentes, coinciden en la necesidad de defender un pago ágil de las ayudas por daños del lobo. Unos porque creen que disminuiría la "presión" sobre la especie y otros porque afecta a su bolsillo. Pero ecologistas y nacionalistas aseguran que hay atrasos, una cuestión que ayer llevó el BNG al Parlamento gallego. El Bloque denunció "una demora escandalosa" en el pago de ayudas de años pasados e instó a la Xunta a repasar los criterios por los que las concede dado que, afirman desde el Bloque, "no se valoran los daños reales". La Consellería de Medio Ambiente se ha comprometido por su parte a buscar un baremo que sea "más justo para los ganaderos".
Así lo señaló ayer en la comisión de Agricultura la directora xeral de Patrimonio Natural de la Xunta, Ana María Díaz, quien avanzó que en esa revisión la intención del Ejecutivo gallego es tener en cuenta el "lucro cesante" que provoca en los animales el ataque de los lobos, según informa Europa Press. El diputado del BNG Xosé Luís Rivas, "Mini", había criticado que en esas subvenciones tras los ataques, además de ser de "baja" dotación económica, "no se valoran los daños reales" y no se cubren cuestiones como abortos o el "estrés" que provoca en el ganado los ataques y que merma su producción.
Otro asunto polémico que salió a relucir en la Cámara gallega son las batidas que permite la Administración gallega, como las recientes en Friol o Cotobade. Esa solución genera mucha contestación desde los colectivos ecologistas. De hecho, Adega acaba de denunciar ante la Fiscalía Ambiental del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia las autorizaciones de caza del lobo que concede la Xunta al entender que "no cumplen con las condiciones recogidas" en el decreto que regula el plan de gestión de esta especie en Galicia.
La directora xeral de Patrimonio Natural también se pronunció sobre el asunto para aclarar que "no es intención" de la Xunta "abusar en ningún caso" de la medida y que solo se le da luz verde si el volumen de daños es superior a la media. Según los datos que aportó, en la última década, desde 2006, la Xunta autorizó un total de 75 batidas de lobo en las que "solamente", dijo, "fueron cazados 17 animales de esta especie.
Para los ecologistas, el control de población debe ser una medida "excepcional" a la que solo habría que recurrir si las anteriores fallan. Antes, explican, tocan medidas preventivas y pagar las ayudas a los afectados por los ataques en tiempo. Adega calcula los atrasos en 570.000 euros y los nacionalistas también critican las demoras. Así, Rivas afirmó que "no es de recibo que en 2017 se estén abonando indemnizaciones correspondientes a 2014". Según Díaz, a comienzos del año pasado se abonaron las subvenciones pendientes de 2014 y de 2015 y ahora se están pagando las que faltan de 2016 y se empieza con las de 2017.
Con todo, para la directora xeral -que anunció que este año se modificará el plan de gestión de la especie y el cambio en el baremo de ayudas iría incluido- es "mejor prevenir que indemnizar" y aseguró que se incidirá en ello. Al respecto indicó que en la última orden publicada con este fin se destinaron 400.000 euros y solo se agotaron 260.000, por lo que cree que en la próxima convocatoria habrá que hacer que el sector las conozca más. El BNG sin embargo advierte una "disminución" de las ayudas con ese fin: "Menos dinero para perros, menos dinero para cierres".
