Unos 3.500 gallegos que trabajaron en Venezuela y regresaron a España han dejado de percibir las pensiones por parte del Gobierno de ese país que, sin embargo, no reconoce esa situación, según los datos aportados hoy ante una comisión del Parlamento autonómico.

El diputado del PSdeG Juan Díaz explicó en su intervención que el "flagrante incumplimiento" de los compromisos por parte del Gobierno venezolano "afecta a unos 3.500 gallegos retornados".

Precisó que "el Gobierno venezolano ha interrumpido el pago de pensiones desde el inicio de 2016" a esas personas, lo que ha obligado a algunos ciudadanos residentes en la Comunidad autónoma de Galicia a acudir a mecanismos de ayuda social.

Díaz consideró que hay emigrantes gallegos retornados que afrontan una situación "dramática" ante un "problema grave" de "difícil gestión y resolución definitiva", por lo que pidió a la Xunta que intervenga en la medida de sus competencias.

En ese sentido, el diputado invitó a la Xunta a pedir al Instituto nacional de Seguridad Social a que evite el acudir a los tribunales para reclamar "la devolución de la percepción de complementos" a algunos de esos afectados, tras señalar que ya hay una serie de resoluciones judiciales que les dan la razón.

El secretario general da Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, indicó que "el Gobierno gallego es consciente" de esa situación, que no afecta solo a los gallegos, pero subrayó que esa "desatención en los pagos" es "responsabilidad directa del Gobierno de Venezuela".

Rodríguez Miranda precisó que desde finales de 2015 ya hay personas residentes en Galicia que "dejaron de percibir pensiones de vejez y jubilación" y atribuyó eso a la "situación dramática" que se registra en Venezuela.

El representante de la Xunta observó que "la dificultad fundamental es que el Gobierno de Venezuela no hace efectivo el pago, pero tampoco reconoce el impago", lo que deja a esas personas en una situación de vulnerabilidad.

Así, Rodríguez Miranda se comprometió a contactar con el Instituto de Seguridad Social y a informar al Parlamento sobre la evolución del impago de las pensiones por parte de Venezuela.