-Desde que se creó la APLU, se recaudaron más de 9 millones en multas. ¿Hay una parte importante aún sin cobrar?

-Es complicado saberlo. Una vez que los propietarios no pagan en el periodo voluntario, la sanción se envía a Facenda para que proceda a su cobro por vía ejecutiva. El que no la pague voluntariamente, no quiere decir que no se le vaya a cobrar; y en vía ejecutiva es más cara porque se suma el recargo y los intereses. Una multa de 1.000 euros, puede acabar en 1.800-2.000, el doble.

-¿Pone fecha de caducidad a la APLU porque ya no se cometen irregularidades urbanísticas?

-Cuando hay una ley, siempre va a haber incumplimiento. Nuestra labor va calando y esperamos que haya cada vez menos irregularidades urbanísticas. Nuestra aspiración ir hacia la demolición o expedientes cero. Y luego está nuestra segunda labor, que es asesorar a los concellos adheridos. Desde ese punto de visto tenemos APLU para rato porque está la necesidad de que los ayuntamientos se sientan asesorados y asistidos. Y por otro lado, la labor de inspección va a seguir ahí.

-¿Qué objetivo se marca?

-La agencia tiene pocos años, no llegamos a los diez. Queda camino por recorrer en Galicia pero mucho más en el resto de comunidades, que van muy por detrás nuestra en la protección del territorio; y algunas nos triplican en población y presupuesto. La concienciación es fundamental para lograr el objetivo de la demolición cero, sobre todo a las nuevas generaciones. Aspiramos a que dentro de 20 años a nadie se le ocurra hacer nada en contra de la norma porque sabe que tiene unas consecuencias negativas.