Ni el aviso del refuerzo de las inspecciones ni la amenaza de sanción surten efecto entre los que se aventuran a levantar viviendas, naves o galpones en suelo rústico o en zona de costa no edificable. En los últimos cinco años, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, interpuso 2.960 multas por irregularidades urbanísticas.
La recaudación por saltarse la normativa este lustro superó los 7,5 millones de euros. Solo en 2016, la Xunta y los 66 concellos adheridos a la APLU ingresaron por infracciones en la materia más de 1,7 millones de euros, el segundo mayor importe desde 2008. Es decir, recaudaron el pasado año una media de 4.800 euros cada día, según el balance del director de la APLU, José Antonio Cerdeira.
