Los menores de edad que pasan a estar bajo custodia de la Xunta a petición de sus propios progenitores o tutores se han disparado y superan los ocho casos semanales. En estos momentos, la administración tiene a su cuidado 422 niños y adolescentes de manera temporal debido a la incapacidad de sus padres para controlar su carácter o cuidarlos, bien por problemas económicos, de drogas, mentales o de otro tipo. En mayo del año pasado, la cifra era de 267, por lo que el aumento supera el 41%.
Este incremento se produce en un año en que las tutelas de la Xunta han descendido a la cifra más baja de los últimos seis años. Al cierre de 2016, los servicios de Menores de la Consellería de Política Social tenían a su cargo 2.012 niños y adolescentes, un 10,2% menos que el ejercicio anterior y alejados del pico de 2.504 alcanzado en 2014, sumando los casos de menores huérfanos, extranjeros sin progenitores conocidos o las órdenes judiciales que obligan a la administración. Paradójicamente, en ese contexto, las peticiones de padres para desprenderse temporalmente del cuidado de sus vástagos se elevan.
El balance general desciende debido, en parte, a la mejora económica, aunque no se trata de un elemento determinante. "Es verdad que cuando se produjo la crisis tardamos algo en notar el repunte de casos que finalmente se produjo. Sin embargo, a esta situación de tutela o guarda llegan los casos más graves. Con el sistema de protección social se atienden muchos antes ya en los propios domicilios. No existe una única causa que podamos señalar", apunta Emmanuela Castro Díaz, subdirectora xeral de Familia e Menores.
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Castro Díaz sí apunta un dato respecto al incremento de casos de padres que quieren ceder temporalmente el cuidado de sus hijos a la administración. "Percibimos un mayor volumen de adolescentes problemáticos y conflictivos y padres que están desbordados", apunta antes de priorizar esta causa sobre la incapacidad económica familiar para atender su cuidado.
Los procesos que derivan en estas tutelas suelen responder a conflictos generados durante varios años. "Alguno comienza con 10 años y cuando el niño es adolescente los padres piden la intervención de la Xunta", añade Castro, quien reconoce que además esta la opción de pasar la tutela temporalmente a la Administración autonómica es una medida cada vez más conocida entre la población.
El proceso cuenta con varios filtros antes de aceptar una solicitud de ese tipo. Cuando unos padres están desbordados, primero han de acudir a los servicios sociales municipales para tratar de reconducir la situación. Pero si todas las soluciones fracasan, se abre la ventana de la tutela o la guarda por parte de la Xunta, que en el primer caso asume la patria potestad -la última palabra en todos los asuntos relacionados con el menor- o la guarda, donde los padres se mantienen como máxima autoridad.
La Subdirección xeral de Familia e Menores elabora un estudio de cada caso, añadiendo un informe escolar, social, médico e incluso psicológico del menor y de la situación familiar. Si se considera que es la opción más conveniente, la administración asume su cuidado en un proceso que no puede durar más de dos años. A partir de entonces, el menor vuelve al entorno familiar o pasa a ser tutelado definitivamente por la Xunta. Durante la tutela, se pone en práctica un plan familiar que involucra a todos sus miembros para intentar "reconducir la situación y que esta vuelva a la normalidad". De hecho, los padres -o los tutores legales- deben dar la conformidad a esa estrategia. "No todos los casos de petición de guarda se aceptan. Suele ser la última opción", insiste Castro.
Con familiares o voluntarios o en residencias
- La ley de protección de la infancia establece dos modalidades en que un menor pasa a estar al cuidado de la administración: la tutela y la guarda. La diferencia entre ambas radica en la patria potestad, es decir, la última palabra en las decisiones que lo afectan, como una intervención médica, la elección de un colegio o la responsabilidad en un caso delictivo. En la tutela, es la administración quien la posee; en el segundo caso, la mantienen padres o tutores.Las "circunstancias graves y transitorias" o una resolución judicial son las que provocan que un menor acabe dependiendo de la Xunta, si bien el segundo caso es el menos habitual. En 2015, de las 644 guardas con que cerró el ejercicio, siete respondieron a vía.Cuando un menor pasa del domicilio familiar a estar bajo cobijo del Ejecutivo, esta trata de evitar su ingreso en un centro de menores, aspecto que consigue a la vista de las estadísticas de Política Social. De los 2.012 casos del año pasado -incluyendo los 422 a petición de los padres-, 1.200 fueron acogidos por otras familias: en 1.084 se trató de parientes de los menores y en 116 de ciudadanos voluntarios. En ambos casos, reciben una aportación del Ejecutivo para hacer frente a los gastos cotidianos del menor, que oscila en función de las características de este.En otras 724 situaciones, las residencias de menores fueron el lugar al que fueron a parar los afectados. Otros 88 estaban en una modalidad cuya finalidad era la adopción.
