01 de febrero de 2017
01.02.2017

Investigan si hubo prevaricación en el concurso de ambulancias del 061 de más de 120 millones

La Fundación de Urgencias alega que cumplió la ley en la adjudicación

01.02.2017 | 19:38

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago investiga si se cometió un delito de prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en la adjudicación de un concurso de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dependiente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), para el servicio de transporte sanitario urgente en el año 2014, cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la causa ha declarado en calidad de investigado el técnico responsable de transporte del 061, M.A.M., quien actuó como evaluador de los vehículos durante el proceso. La causa fue declarada compleja ampliando el plazo para instruir diligencias hasta 18 meses y la Policía Judicial trabaja en el caso.

Tras conocerse la investigación, la fundación 061 defendió que el procedimiento de contratación se realizó "de conformidad" a la normativa y recordó que no existe resolución judicial alguna todavía.

El juzgado compostelano, del que es titular Margarita Guillén, abrió la causa, de la que ya se ha levantado el secreto de sumario, a raíz de la denuncia de supuestas irregularidades que formalizó José Domingo Rodríguez, un empresario lucense excluido del concurso. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que recomendó en octubre de 2015 la admisión a trámite de la denuncia en un escrito firmado por Álvaro García Ortiz.

Los hechos arrancan el 26 de noviembre de 2014, cuando la Fundación 061 publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los pliegos de condiciones relativos a la licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre.

La prestación del servicio y la presentación de ofertas se dividió en 14 lotes (por áreas de transporte), y el 061 fijó un plazo de 15 días naturales para la presentación de las ofertas. Finalmente, la parte denunciante subraya que el concurso fue adjudicado a empresas que trabajaban con la carrocera ourensana Rodríguez López -un 95,5%-, y la portuguesa Autos Ribeiro -el resto-, entre ellas, Ambuibérica.

La investigación intenta determinar si, como concluye la Policía Judicial, la Administración pudo usar para el concurso pliegos de condiciones facilitados antes a la carta por la carrocera ourensana "en connivencia" con la lusa, lo que habría permitido a las firmas que trabajaron con ella dotarse de ambulancias con las características exigidas en tiempo récord.

Matrículas y rótulos meses antes


El empresario lucense denunciante aportó documentación, incorporada a la causa, según la cual el adjudicatario que se quedó con el lote de la Mariña Lucense, Ambulancias Burela, disponía de ambulancias matriculadas y rotuladas meses antes de que se resolviese la adjudicación, lo que respalda las sospechas de la Policía de que hubo aspirantes que pudieron tener una posición de dominio sobre el resto.

Según el procedimiento convocado por la Administración, el objeto de la licitación exigía que el adjudicatario tuviese, para la prestación del servicio, ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado (AA-SVA), ambulancias asistenciales de soporte básico (AA-SVB) y ambulancias no asistenciales (ANA-AC).

En la documentación judicial incorporada en la causa, de la que se hace eco el escrito fiscal, el denunciante sostiene que las características técnicas que la Xunta exige a este tipo de ambulancias eran "distinta" de las que se demandaban en las demás comunidades.

Este hecho en sí mismo determinaría que no existieran en el mercado español vehículos con esas características, lo que exigía "comprar vehículos y carrozarlos ad hoc". Para ello, según el informe presentado por el denunciante, "se necesitarían al menos 45 días como promedio".

Ante las dudas sobre el lote que le afectaba, el denunciante contrató los servicios de una agencia de detectives que constata en un informe, también aportado a la causa, que el día 27 de enero de 2015 Ambulancias Burela disponía de dos vehículos matriculados (0192 JBM y 0261 JBM), que formaban parte de su oferta y que ya disponían, además, del "rótulo de la Xunta, Consellería de Sanidade".

Ambos vehículos estarían, de este modo, matriculados y rotulados casi medio año antes de que la Administración resolviese la adjudicación de uno de los lotes a Ambulancias Burela, en verano de 2015. De hecho, el mismo informe apunta que los dos vehículos fueron matriculados el 3 de diciembre de 2014, solo una semana después de la publicación de los pliegos en el DOG.

Igualmente, en la denuncia, que reproduce el escrito fiscal, se advierte que en la evaluación de los vehículos que se hizo en junio de 2015, antes de la resolución definitiva del concurso y de la que se encargó el técnico del 061 investigado, ni siquiera se revisaron todas las ambulancias.

Supuesto filtrado de pliegos

En la documentación aportada figuran varios correos electrónicos, entre ellos un email que supuestamente (según la denuncia) remitió el 23 de abril de 2014 el técnico investigado a una carrocera madrileña acompañado los croquis de las ambulancias que serían exigidos en el pliego.

El asunto que encabezaba dicho email era 'Planos tipo 'B' 061 Galicia'. En los citados planos --de acuerdo con la denuncia-- aparece el anagrama de la carrocera Rodríguez López, S.L.

El escrito de la Fiscalía subraya que dichos planos, con el anagrama de la carrocera ourensana y que "a la fuerza son anteriores al 23 de abril de 2014", son "sustancialmente idénticos a los que posteriormente se reflejan en los pliegos" del concurso. El denunciante aportó informes de dos ingenieros técnicos industriales que así lo acreditan.

De ello, el fiscal interpreta que la Administración podría haber usado los pliegos facilitados por un carrocero y que, antes de la publicación de los pliegos o al menos seis días después de su publicación, un licitador ya había carrozado los vehículos de acuerdo "escrupulosamente" con las características exigidas.

En los informes presentados por la Policía Judicial a raíz de las pesquisas realizadas en el caso se llega a la misma conclusión y se apunta que otros aspirantes interesados que trabajaban con sus propios carroceros desistieron de participar, ante la imposibilidad de dotarse de vehículos con las características adecuadas en el plazo previsto.

Ante esta situación, concluyen instando la declaración de las firmas perjudicadas en calidad de testigos y de los carroceros como investigados. Fuentes jurídicas han ratificado a Europa Press que el Juzgado, por el momento, ha autorizado la declaración de los testigos propuestos por la Policía Judicial.

También se ha autorizado recabar del 061 datos de las personas de contacto con los adjudicatarios para que aporten la documentación relativa a fichas técnicas y permisos de circulación de las ambulancias tipo B titulares y sustitutas que prestan o han prestado los servicios ligados al contrato investigado.

En el transcurso del proceso administrativo hubo varios recursos, entre ellos de Ferrovial, y también del denunciante, cuya abogada, Delfa Losa, registró el 26 de junio de 2015 un escrito en la Fundación 061 dirigido a su director, José Antonio Iglesias, en el que le pedía audiencia para prevenirle de las supuestas irregularidades del concurso que podrían constituir "hechos tipificados en el Código Penal".

Tres días antes, según consta en el escrito, la letrada pidió la reunión por vía telefónica y le fue denegada "hasta después de la adjudicación del concurso". La reunión nunca se produjo y el denunciante acudió a la Fiscalía activando la causa que se instruye en la actualidad.

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