La salud financiera de las entidades municipales gallegas resulta buena en general, esquivando el déficit desde 2012, pero el 40% de ellas se encuentra sometida a la tutela financiera de la Xunta. De hecho, en el último trimestre del año pasado, la Consellería de Facenda reclamó a 66 de ellas -62 concellos, tres mancomunidades y la entidad menor de Bembrive- planes para reducir su morosidad en el pago de las facturas de proveedores o aplicar los planes económico-financieros que el Ministerio de Hacienda exige a las administraciones que no cuadran sus balances de ingresos y gastos.

El Gobierno central de Mariano Rajoy aplicó la severidad en la administración para contener el déficit en un contexto de crisis económica y desplome de los ingresos públicos. En 2014 entró en vigor la normativa que forzaba a la Xunta a publicar los informes sobre la tutela financiera que ejerce sobre las entidades locales en virtud de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y según el balance del último trimestre del año pasado, el departamento dirigido por Valeriano Martínez escruta las cuentas de 130, doce más que en septiembre. En su mayor parte son ayuntamientos, aunque también se encuentra alguna diputación, mancomunidades y entidades menores, como la citada de Bembrive.

Casi un centenar

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En el citado balance, la dirección xeral de Política Financiera del Ejecutivo gallego reclama datos a 97 entidades locales, aunque el foco se sitúa sobre 66, entre los que se encuentra Lugo como única de las siete ciudades. En esta última categoría, pide los planes de ajuste para sanear sus balances a Negreira, Boborás, Celanova, Arteixo, San Sadurniño y Bembrive; a 60 les reclama que concreten cómo acelerar el pago de facturas para ajustarse al límite legal de 30 días. En esta categoría se encuentran 10 concellos de Pontevedra (A Cañiza, A Estrada, Cuntis, Dozón, Gondomar, Meis, Mos, Salceda de Caselas, Vilaboa y Vilanova de Arousa) y la mancomunidad de O Salnés; 22 de Ourense (A Bola, A Gudiña, A Mezquita, Pobra de Trives, Castrelo de Miño, Cortegada, Esgos, Muíños, Nogueira de Ramuín, O Carballiño, O Irixo, Os Blancos, Piñor, Porqueira, Rairiz de Veiga, Ribadavia, Riós, San Amaro, San Xoán de Río, Taboadela, Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambía) y las mancomunidades de Verín y Conso-Frieiras; 8 de Lugo (Cospeito, Foz, Guitiriz, Lugo, Meira, Palas de Rei, Quiroga y Sarria); y 16 en A Coruña (Arteixo, Betanzos, Carnota, Coristanco, Laxe, Lousame, Monfero, Mugardos, Negreira, Noia, Ortigueira, Ponteceso, Rois, Santiso, Toques y Vilasantar).

No se queda ahí la Xunta, que también ha enviado peticiones sobre la evolución del plazo en que saldan sus obligaciones con proveedores a otros 27 concellos (6 en Lugo, 6 en A Coruña, 11 en Ourense y A Illa de Arousa, Catoira, Ribadumia y Rodeiro en Pontevedra), según el balance de Facenda.

También quiere conocer el estado de las liquidaciones presupuestarias pasadas de A Illa, Ribadumia, Verín, Quiroga y Ames.

El trabajo de vigilancia de las cuentas municipales se completa con la recepción de los informes de las entidades que ya han diseñado sus estrategias contables; en el caso de los planes económico-financieros, para ajustar los ingresos a los gastos y avanzar hacia la estabilidad contable. En esta categoría se encuentran 18 concellos, entre ellos Bueu y Ferrol, y la entidad local de Camposancos. En cuanto a la lucha contra la morosidad, la Xunta cuenta ya con los documentos firmados por once concellos, entre ellos los pontevedreses de Crecente, Nigrán y Soutomaior, la entidad de Pazos de Reis y la Diputación de A Coruña. Lugo también remitió los datos de sus liquidaciones presupuestarias.