Este mismo mes de febrero se cumplirán tres años desde que explotó la Operación Patos. Y el aniversario coincide con un momento en el que esta megacausa afrontará una fase decisiva. Con las pesquisas judiciales finalizadas y únicamente a la espera de que dentro de unas semanas preste declaración ante la magistrada el expresidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, el siguiente paso del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo ya será el de dictaminar contra qué investigados continúa adelante con el procedimiento y con respecto a cuáles decidirá archivar la causa. Antes de que la magistrada María del Carmen García Campos dicte este decisivo auto judicial la Fiscalía emitirá el preceptivo informe.
Salvo sorpresas, ya no restan diligencias que practicar en relación con la investigación de esta trama de presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos, que suma medio centenar de políticos, empresarios, funcionarios y técnicos investigados entre la causa principal y la separada referida a Nigrán. La instrucción, según las fuentes consultadas, ya está finalizada. Aunque tras las últimas comparecencias del pasado 19 de enero la previsión ya era dar de inmediato traslado al fiscal especializado en Delitos Económicos de Vigo para que realizase el informe previo al auto que debe dictar la juez, este trámite se demorará unas semanas.
Motivo
El motivo es el escrito presentado la semana pasada por la defensa de Louzán en el que éste solicita de forma voluntaria declarar ante la magistrada. Cuando fue citado para ello, hace un año, había guardado silencio a la espera de que se resolviesen las peticiones de nulidad de las intervenciones telefónicas que otros imputados habían planteado. Unas solicitudes que fueron rechazadas primero por la propia juez instructora y a continuación -concretamente en junio de 2016- por la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Será tras el interrogatorio a Louzán -previsiblemente a principios de marzo- y tras la posible comparecencia de un testigo -al que la primera vez que se le intentó citar estaba fuera de España- cuando la Fiscalía emita primero su informe y a continuación la magistrada resuelva. Ahí se conocerá el futuro judicial de los actuales investigados. El presunto cerebro de la trama es Enrique Alonso Pais, vecino de Vigo y administrador de la constructora Eiriña. Entre los políticos investigados se encuentran la exdelegada de la Xunta en Vigo María José Bravo Bosch; el expresidente de la Diputación pontevedresa y presidente de la Federación Galega de Fútbol Rafael Louzán; el exvicepresidente de la Diputación José Manuel Figueroa o los concejales vigueses David Regades y Ángel Rivas, todos ellos principalmente por presuntas irregularidades en obras.
Junto a la causa principal, en la pieza separada sobre el Concello Nigrán hay otra quincena de investigados, entre ellos el exalcalde de la localidad Alberto Valverde Pérez y el exedil José Álvarez Valverde. Además de la referida a esta localidad pontevedresa, se abrieron otras causas derivadas de la Patos en juzgados de otras ciudades gallegas, como Ponteareas o Ourense.
La prueba clave en este proceso judicial han sido las escuchas telefónicas, que se mantuvieron desde enero de 2013 en que arrancaron las diligencias hasta que un año después explotó el operativo, y cuyo contenido trascendió cuando, ya en septiembre de 2015, la magistrada levantaba el secreto que pesaba sobre el sumario de la Operación Patos. En los interrogatorios a los investigados hubo quiénes decidieron guardar silencio -como Enrique Alonso Pais-. Y entre los que declararon, todos ellos defendieron su inocencia y la legalidad de sus actuaciones.
