Después del fraude detectado en cursos de formación, en el marco de la llamada Operación Zeta, la Xunta reformó el sistema y endureció las exigencias a las entidades formadoras para beneficiarse de ayudas públicas. Y, en esa misma línea, la Consellería de Economía ha decidido ahora afinar aún más los criterios del reparto de subvenciones con el objetivo de garantizar la máxima eficiencia de cada euro que se gasta en la formación de los desempleados. En la convocatoria de este año se primará la inserción laboral de los alumnos en el reparto de ayudas. Los centros -dependientes de empresas, entidades sin ánimo de lucro o concellos- tendrán que acreditar cuántos de los desempleados que participaron en sus cursos el pasado año han conseguido trabajo. Y éste será además el criterio más valorado, junto con la impartición de clases en aquellas especialidades vinculadas a la Industria 4.0 que la Xunta considera prioritarias.
Y no valdrá con un empleo precario. La Xunta pedirá que el parado haya sido contratado un mínimo de seis meses a tiempo completo o el tiempo equivalente si es jornada parcial. También se valorará que se haya dado de alta como autónomo.
La Consellería de Economía ultima todavía los detalles de la orden de ayudas, que ya ha sido sometida al escrutinio del Consello Galego de Relacións Laborais. En su dictamen patronal y sindicatos se quejan de "la minoración de créditos producida en convocatorias anteriores" y exigen un mayor esfuerzo económico a la Xunta.
En esta nueva orden de ayudas el presupuesto será de 40,7 millones de euros, con la novedad de que los cursos en lugar de una duración de seis meses se alargarán durante un año (de junio junio, probablemente), de manera que la dotación económica será por dos años. En 2017 se invertirán 27,1 millones de euros, lo que, según explican desde Economía es un 10 por ciento más que en 2016. Para 2018 se ha consignado 13,5 millones de euros, una cantidad inferior porque, según el departamento de Francisco Conde, se completará con una nueva convocatoria ese mismo año para el periodo 2018-2019.
Sin embargo, los sindicatos recuerdan que en 2013 los fondos destinados a formación se elevaban a 36 millones de euros, una cantidad superior a los 27,1 millones actuales. Por eso, el Consello Galego de Relacións Laborais advierte que "dadas las actuales tasas de desempleo en Galicia se debería incrementar, aún más, el esfuerzo económico".
También ponen pegas al peso que se le da al objetivo de contratación. En anteriores convocatorias solo se valoraba para el reparto de ayudas el compromiso de inserción laboral. Es decir, cada entidad se comprometía por adelantado a que un determinado porcentaje de sus alumnos encontraría trabajo. Se calificaba con solo 5 puntos.
Ahora no solo tendrá un peso de 20 sobre 100, sino que no se tendrá en cuenta el compromiso, sino la inserción real, es decir, el total de alumnos que efectivamente hayan trabajo tras finalizar el curso anterior. El Consello Galego de Relacións Laborais pide que los plazos "sean más flexibles dadas las circunstancias actuales del mercado de trabajo" y recuerdan que algunos cursos terminaron aún en diciembre de 2016, de manera que el margen para que estos alumnos consigan trabajo es muy corto.
Sindicatos y patronal coinciden además en demandar a la Xunta que, puesto que ya no son beneficiarios de estas ayudas para impartir cursos de formación, al menos se les permita participar en el diseño y planificación de los mismos.
Prioridad para cursos de electricidad y relacionados con el automóvil
- La Consellería de Economía pone límite por primera vez a la cuantía global de la que se pueden beneficiar las entidades que se dedican a la formación de parados. Así establece que una misma entidad beneficiaria no podrá ser adjudicataria de un monto superior a los 300.000 euros por provincia ni superar las 2.600 horas de formación por aula para el conjunto del periodo.El Consello Galego de Relacións Laborais cuestiona este límite en la financiación. Alega que se perjudica a las entidades que poseen más de un centro por provincia y que, en convocatorias anteriores, resultaron beneficiarias de una cuantía mayor a los 300.000 euros porque acreditaron cumplir los requisitos de calidad. "Poner un límite es un criterio económico y no de capacidad de gestión", censuranSindicatos y patronal piden también a la Xunta que no dé ayudas para formación a los concellos y que reparta el montante que destina a las entidades locales entre las empresas y las entidades sin ánimo de lucro.
Una subvención máxima de 300.000 euros por beneficiario
- El Gobierno gallego llevará su apuesta por la Industria 4.0 también a la formación de parados. Su intención es que los fondos públicos que se gaste en formar a los desempleados se orienten a aquellas áreas que, en su opinión, tienen más salidas laborales. Por esa razón, en el reparto de ayudas primará aquellos cursos vinculados con las familias profesionales de electricidad y electrónica, fabricación mecánica, instalación y mantenimiento y transporte y mantenimiento de vehículos.Al menos el 10 por ciento de las cuantías recogidas en la orden de ayudas deberán ir a parar a cursos relacionados con estas áreas profesionales.En su dictamen el Consello Galego de Relacións Laborais se queja además de que ya no se valora en el reparto de ayudas la experiencia en la impartición de la formación profesional para el empleo. Y la gestión del centro, que antes tenía un peso de 20 puntos, ahora solo primará con cinco puntos en la distribución de las subvenciones.
