La comisión de expertos a la que la Conferencia de Presidentes dio luz verde la pasada semana para allanar el camino del nuevo sistema de financiación autonómica recibió el encargo también de analizar la reforma del modelo actual de reparto de recursos para las entidades locales. Lo pidieron insistentemente en los últimos años. Que no estaban dispuestos a quedarse relegados de la negociación de fondos entre el Gobierno central y las comunidades porque son la única pata de la administración que hasta ahora "cumplió holgadamente los compromisos con Europa", destacaba a finales del pasado año Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), porque los ayuntamientos llevan desde 2012 en superávit. "Somos los que legitimamos la política de este país, muchos ayuntamientos y diputaciones -decía el también alcalde de Vigo-, y por eso queremos una financiación diferente". El equilibrio en la caja tiene mucho que ver con el tijeretazo histórico al gasto, el impacto de la subida del principal impuesto que tienen, el de Bienes Inmuebles (IBI), y el freno en la deuda. Hasta ahora. Tras el saneamiento de las cuentas, los concellos han vuelto a tirar de los bancos. En 2015, según la liquidación de presupuestos que acaba de actualizar el Ministerio de Hacienda, los municipios gallegos sumaron más de 55 millones de euros en nueva deuda, prácticamente el triple que el año anterior.
Es la mayor cuantía de los últimos tres ejercicios. Los pasivos financieros de los concellos y diputaciones de la comunidad ascendieron a 19,9 millones de euros en 2014 y a 54,6 millones en 2013. Pero los créditos solicitados no tienen nada que ver con las elevadísimas cifras de los años más duros de la crisis, cuando a las entidades locales no les quedó otro remedio que endeudarse para compensar la caída en picado de su financiación por el desplome de la recaudación fiscal. En 2009, los préstamos alcanzaron los 137,4 millones; por encima de los 151 millones en 2010; 123 millones en 2011; y 220 millones en 2012, el máximo en la serie de liquidaciones presupuestarias de Hacienda que va hasta 2001.
Con el aumento de los créditos, la deuda formalizada representó 2,2 euros de cada 100 que entraron en los concellos durante 2015. En el ejercicio precedente supuso únicamente el 0,8% del total. El objetivo era mayor. Los presupuestos marcaban más de 80 millones de euros en préstamos, por lo que las entidades locales de la comunidad finalmente ejecutaron el 70% de lo previsto. Algo que, sin duda, ayudó a evitar de nuevo el déficit.
¿Y cuánto cuesta mantener la deuda que arrastran los municipios? Pues, en este caso, la factura es la más baja en los últimos quince años. Alrededor de 10,7 millones de euros se llevaron los intereses, como recoge el balance del departamento que dirige Cristóbal Montoro. La mitad que en 2014 gracias a la reducción de los créditos en años previos, a la tendencia a la baja de los tipos de interés y a los mecanismos para el pago a proveedores que el Gobierno central puso en manos de los ayuntamientos para acabar con las facturas pendientes en condiciones muy ventajosas.
El gasto financiero pesa únicamente el 0,4% en el desembolso total de los concellos. Aunque a eso hay que añadir los 148,2 millones de euros en amortizaciones por créditos anteriores después de un descenso superior al 25% en comparación con los vencimientos de 2014. Con las dos partidas juntas, la deuda pública absorbió el 6,6% del gasto. Un importe idéntico al pago de la seguridad y movilidad ciudadana y ligeramente por encima del presupuesto en cultura. Las partidas que sobresalen en los concellos son las de bienestar comunitario (465 millones, el 17,6%), servicios de carácter general (276,5 millones, el 10,5%) y vivienda y urbanismo (243 millones, el 9,2%).
