A igual que existe el Defensor del Pueblo también hay una figura similar que vela por los derechos de los contribuyentes para corregir las supuestas injusticias de que son objeto por parte de la Administración del Estado en cuanto a la gestión y cobro de tributos. Es el Consejo para la Defensa del Contribuyente, cuyo servicio es gratuito y que lleva poco más de una década funcionando. Está integrado en el Ministerio de Hacienda y recibe las quejas de los ciudadanos disconformes con el funcionamiento, fundamentalmente, de la Agencia Tributaria y de la Dirección General del Catastro. En el año 2012, este Consejo gestionó 414 quejas y reclamaciones procedentes de Galicia, pero tres años después, en 2015, la cifra se duplicó, para alcanzar las 910, de las que 300 se corresponden con las inspecciones y valoraciones realizadas por el Catastro, que a su vez suponen el 34,7% de todas las registradas en España (863).
El Defensor del Contribuyente es un órgano colegiado compuesto de 16 miembros que tramita las reclamaciones de los contribuyentes solo sobre los tributos estatales, cuanto este considera que la actuación de la Agencia Tributaria, el Catastro o un Tribunal Económico-Administrativo (TEA) no ha sido correcta. En todo caso, el afectado siempre puede recurrir a la justicia.
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En 2012 en toda España el Defensor del Contribuyente gestionó casi 11.000 quejas, de las que solo 414 procedían de Galicia. De ellas, 233 estaban motivadas por la actuación de Agencia Tributaria y 181 por el Catastro. La mayoría de las 414 estaban fechadas en las provincias de A Coruña (155) y de Pontevedra (135), mientras que en Ourense (45) y Lugo (79) la actividad fue mucho menor, debido también a su reducido peso poblacional.
Sin embargo, en 2015, el recurso al Consejo para la Defensa del Contribuyente se duplicó. Una evolución que coincidió en el tiempo con la campaña puesta en marcha -en el año 2013- por la Dirección General del Catastro para destapar bienes ocultos, como reformas o nuevas construcciones -piscinas, garajes, ampliaciones o terrazas- que los propietarios no habían dado de alta y por las que no estaban pagando el correspondiente IBI a los respectivos concellos. A ello se sumaron las revalorizaciones de las tasaciones impulsadas por Hacienda para que los ayuntamientos pudieran incrementar sus ingresos durante la crisis. De ahí que las quejas relativas al Catastro pasaran de 181 en 2012 a 300 en el año 2015.
La provincia con más reclamaciones al Defensor del Constribuyente volvió a ser la de A Coruña, con 319 -288 contra la Agencia Tributaria y 31 contra el Catastro-, mientras que en Pontevedra fueron 266 en total, con 130 relativas a la Agencia Tributaria y 136 sobre las tasaciones catastrales. En la de Ourense se registraron 209 y en la de Lugo, 116.
En el conjunto de España se presentaron 14.000 quejas, 863 de ellas sobre el Catastro. Esto supone que de todas las reclamaciones tramitadas por el Defensor del Contribuyente relativas a las valoraciones catastrales, un tercio tuvieron su origen en la comunidad gallega.
