Los juzgados gallegos mantienen inmovilizados en sus cuentas de depósitos algo más de 165 millones de euros a la espera de una resolución que determine el destino final del dinero. Son pagos correspondientes a fianzas por quedar en libertad, multas, ingresos por subastas, embargos o indemnizaciones de procesos judiciales en curso que se ingresan en cuentas bancarias para garantizar, entre otras razones, el pago al afectado cuando se dicte una condena. Cuando el tribunal emite sentencia se aclara si las cantidades retenidas deben devolverse a su propietario o si por el contrario se utilizan para el pago de indemnizaciones, multas o las correspondientes costas procesales.
El año 2015 se cerró con 150,7 millones de euros custodiados en estos depósitos, pero en los seis primeros meses del pasado año, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la cantidad ya asciende a 165,16 millones, lo que significa un 9,5% de incremento. Esta subida es sensiblemente superior a la registrada en el conjunto del Estado, que solo fue del 2,7%, al pasar el valor depositado en las cuentes judiciales de 4.107 millones de euros a 4.218.
La provicia de A Coruña, por ser sede de un mayor número de instancias judiciales, es también en la que mayor volumen alcanzan los fondos bloqueados. Se acercan a los 99 millones de euros, 13 más que los que había al cierre de 2015. En la de Pontevedra ascienden a 42,8 millones -cuatro millones más- mientras que en la de Lugo se superan los 12 y en la de Ouurense hay algo más de 11 millones retenidos.
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Las elevadas cantidades inmovilizadas en los juzgados del país son en parte consecuencia de la lentitud de la Justicia y el Consejo General del Poder Judicial lleva años reclamando reformas que contribuyan a acelerar las resoluciones. Con un sistema judicial más ágil, estos fondos podrían volver al circuito económico en beneficio de los particulares y de las arcas públicas sin tener que esperar años y años, como sucede en algunos casos cuando los procesos judiciales se vuelven interminables.
Los procesos mercantiles, según detallan fuentes judiciales, son los que mayor cantidad de depósitos realizan, de manera que la demora en la resolución de estos litigios puede provocar que una empresa quiebre cuando tiene fondos bloqueados con los que podrían mantener su producción.
Buena parte de esos depósitos judiciales se devuelve a los litigantes, aunque sin intereses, o bien van a parar a la parte contraria cuando se dicta sentencia a su favor. Pero también una parte de esas entregas corresponde al Ministerio de Justicia, como son los ingresos para la interposición de un recurso, cuyo fin es disuadir a quienes reclaman sin fundamento jurídico. Sin embargo también hay miles de euros que tras años congelados en el banco se quedan en las arcas del Estado porque los ciudadanos, una vez finalizado el proceso en los tribunales, no pasan a recogerlos.
¿A dónde van esas cantidades no reclamadas? Acaban en las cuentas del Tesoro Público, al igual que los depósitos en concepto de fianza de acusados en rebeldía y aquellas consignaciones con algún error formal.
Depósitos de hasta 6.000 euros sin reclamar
- ¿Cuándo procede un juzgado a la devolución de esos depósitos? Una vez que el juez dicta sentencia firme se resuelve qué hacer con esos fondos ingresados en las cuentas judiciales. Ahora bien, la Justicia no reingresa de oficio el dinero depositado por los litigantes, sino que tienen que ser ellos quienes lo reclamen. ¿Cómo saber cuándo han sido desbloqueados estos ingresos en las cuentas de Justicia? La relación de depósitos y consignaciones judiciales que están a punto de pasar a las arcas del Tesoro Público se publican de manera periódica en el BOE por parte de la Secretaría de la Administración de Justicia. Algunos de los depósitos publicados en estas listas llevaban décadas sin ser reclamados y su cuantía es muy dispar: desde menos de un euro a algunos que superan los 6.000. El objetivo de este último llamamiento es muy claro: que los litigantes pasen a recoger esos depósitos en el plazo máximo de un mes, porque de lo contrario se declarará abonado a favor del Estado.
