Las discrepancias surgidas en la Conferencias de Presidentes del pasado miércoles a cuenta de la armonización fiscal volvieron ayer a la escena pública, evidenciando las distintas sensibilidades con que las comunidades incluso del mismo color político afrontarán las negociaciones sobre la financiación autonómica y que pueden convertirse en uno de los caballos de batalla. A favor de homogeneizar la presión fiscal figuran comunidades del PP, como Castilla y León, y los territorios gobernados por el PSOE, a cuya cabeza se sitúa la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que fue la encargada de lanzar el guante y de censurar el comportamiento de Madrid por suprimir algunos de sus tributos y provocar "dumping". Y si el miércoles el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya se manifestó en desacuerdo con la propuesta de armonización, ayer fue más lejos al defender el derecho de las comunidades a ejercer una "política fiscal propia", lo que le otorga la competencia para bajar impuestos, pero condicionado a que las autonomías cumplan con el objetivo de déficit y a que no hayan recurrido a mecanismos especiales de financiación del Gobierno central para obtener liquidez.

"Defiendo que las comunidades solventes podamos bajar los impuestos", aseguró el presidente de la Xunta, quien recordó que Galicia ha eliminado el Impuesto de Sucesiones al 99% de los contribuyentes, además de rebajar el IRPF en el tramo autonómico o practicar determinadas bonificaciones en el rural por la compra de vivienda.

Esta política fiscal propia que plantea Feijóo sería inviable en autonomías que exceden el nivel de déficit autorizado o que recurren al Gobierno central para aliviar las tensiones de sus arcas. "No es razonable que quien pide dinero para llegar a fin de mes baje sus impuestos. Una comunidad que no cumple no puede bajar sus impuestos y que eso lo paguemos los demás", argumentó en una entrevista a Onda Cero. "Porque no todas gestionan con el mismo rigor", añadió.

Y como fue Susana Díaz la que lideró la propuesta para conseguir una armonización fiscal en todas las comunidades, Feijóo le replicó que puestos a armonizar podría empezar por fijar en Andalucía el mismo horario laboral que tienen los funcionarios de toda España, donde la jornada semanal es de 37,5 horas frente a las 35 de la comunidad andaluza.

En la feria de Fitur, la presidenta de la Junta de Andalucía volvió a reclamar la armonización fiscal porque puede "enfrentar" a territorios y generar competencia desleal y, dijo, "eso no es hacer país".

Sin embargo, ni dentro del PP ni en el PSOE las posturas son coincidentes. Baleares, gobernada por los socialistas, también defiende sistemas fiscales propios de cada comunidad en función de sus capacidades. Y en el PP, además de Cifuentes y Feijóo, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, también aboga por el "juego competencial" en materia fiscal. Pero en contra se manifestó ayer la Junta de Castilla y León, cuya consejera de Hacienda exige "respetar el principio de igualdad que consagra la Constitución" para evitar que cada territorio modifique a su antojo los impuestos.