El Gobierno central cerró ayer con las comunidades autónomas su primer acuerdo institucional de la legislatura que incluye el compromiso de aprobar ya este año el nuevo modelo de financiación autonómica, que se encuentra prorrogado desde 2014. La rúbrica se puso en la Conferencia de Presidentes que reunió en Madrid a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría con todos los titulares de los gobiernos autonómicos, salvo los de Cataluña y País Vasco. No obstante, se trata de un acuerdo genérico que ahora deberá concretarse en comisiones y grupos de trabajo, que será donde de verdad se acometan las negociaciones y el momento más complicado para intentar aunar las distintas sensibilidades de los territorios.
Los trabajos preparatorios de la Conferencia de Presidentes ya tenían previsto aprobar un acuerdo para iniciar la negociación del modelo de financiación autonómica, pero ayer se añadió el plazo concreto. La intención es cerrar el acuerdo este año. "Vamos a ver si somos capaces. No será fácil pera tenemos que hacerlo", declaró Rajoy al terminar la reunión, por lo que pidió el "mayor esfuerzo" para llegar a un entendimiento.
El primer paso es la creación en el plazo de un mes de un grupo de expertos en el que las comunidades autónomas tendrán un representantes para exponer y defender sus intereses, para después trasladar sus propuestas al Congreso -ya que el modelo debe quedar reflejado en una ley- y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esa comisión de expertos también discutirá la financiación local.
Mariano Rajoy indicó, a modo de grandes principios, que el nuevo sistema tiene que basarse en la solidaridad, la equidad, la suficiencia, la transparencia y la corresponsabilidad fiscal, introduciendo como factores a tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos el coste efectivo de los servicios públicos, por lo que se valorará el envejecimiento y la dispersión, así como el gasto sanitario. Pero nada se indicó sobre los criterios concretos que se utilizarán y el peso específico de cada factor en un sistema que a Galicia le supone el 61% de sus ingresos anuales. Por ello, es de suponer que se reproduzca la confrontación entre las autonomías que defienden la población como principal baremo, frente a las que proponen la dispersión y el envejecimiento y el gasto asociado a estas peculiaridades. A ello, se ha sumado una nueva fricción a cuenta de la armonización fiscal y la distinta presión fiscal que sobre los tributos cedidos ejerce cada autonomía.
En todo caso, Rajoy dejó un par de advertencias. Es consciente de que todas las comunidades querrán incrementar los fondos, pero que eso pasa necesariamente por tener más recursos en las arcas públicas, que a su vez dependerá del crecimiento económico y del empleo. En este sentido, advirtió de que la recaudación está 20.000 millones de euros por debajo de la que había en 2007, antes de la crisis.
El segundo aviso fue para Cataluña. Rajoy espera que se incorpore a las negociaciones, pero en todo caso está dispuesto a aprobar el nuevo modelo aunque la Generalitat decida no participar, dejando claro que "no caben imposiciones de unos sobre otros".
Añadió que las pensiones y la sanidad, dos aspectos vinculados a la financiación autonómica y que suponen el 42% de todo el gasto público, son una de las principales preocupaciones debatidas en la Conferencia de Presidentes. Precisó que hay 14 millones de españoles que reciben una prestación pública y que el gasto en pensiones y sanidad "va a aumentar de forma imparable en los próximos años". Por ello, abogó por impulsar el crecimiento económico y el empleo para garantizar la supervivencia del Estado de Bienestar.
El segundo gran punto de atención, dijo, fue la regresión demográfica, por lo que se va a crear un grupo de trabajo con las comunidades para recoger sus aportaciones a una Estrategia Nacional por la Demografía.
Otros acuerdos de la conferencia fueron reunirse una vez al año con una evaluación intermedia para realizar balance; coordinar la actuación de Protección Civil ante catástrofes; celebrar un debate monográfico sobre educación con las autonomías para luego sumar sus propuestas al pacto nacional; mejorar los servicios de empleo, la movilidad laboral y la FP dual; crear un grupo de trabajo para poner en marcha la tarjeta social que recoja las prestaciones que recibe cada ciudadano; o dar voz a las autonomías en el reglamento que regulará el llamado bono social, destinado a ayudar a las familias con mayor vulnerabilidad antes los cortes de energía por impago de recibos.
Además, se realizará un estudio sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, pues las comunidades se quejan de que el Estado no aporta los suficientes fondos, y se incluye la posibilidad de que cada autonomía negocie con Hacienda poder convocar una oferta pública de empleo en educación, sanidad y servicios sociales por encima de la tasa de reposición.
Cristina Cifuentes | Presidenta de la comunidad de Madrid
"No tengo intención de que los madrileños paguen más, que bastante pagan"
La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, defendió que las autonomías de régimen común "tienen el derecho a establecer la política fiscal que consideren", por lo que pidió que el sistema actual "se mantenga" y "no se merme la capacidad" autonómica en materia fiscal. La fiscalidad de Madrid, apuntó, es la "más baja" de todas, y está dando "muy buenos" resultados en crecimiento económico. "Defendemos una fiscalidad baja", dijo, para proclamar: "No tengo intención ninguna de que los madrileños paguen más, que bastante pagan".
Javier Fernández | Presidente del Principado de Asturias
"La cuestión demográfica, que ya era un problema de Estado, se asumió como tal"
El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, se mostró satisfecho del resultado de la Conferencia de Presidentes al considerar que la despoblación se asumió como un problema de Estado y un fenómeno decisivo para el futuro del país. "Hoy" (en alusión a ayer) "ya podemos decir que la cuestión demográfica, que ya era un problema de Estado, ahora se ha asumido como un problema de Estado", destacó. En esa línea defendió que el nuevo modelo debe estar determinado por el coste de prestación del servicio.
Francina Armengol | Presidenta de Baleares
"Cada comunidad debe poder financiar sus servicios"
La presidenta de Baleares, Francina Armengol, reivindicó el valor de la Conferencia de Presidentes y subrayó que no puede volver a pasar un lustro hasta que se vuelva a reunir. Tras asumir que ninguna comunidad, incluida la suya, podrá conseguir todas sus aspiraciones, dejó claro que su intención es poder contar con más capacidad de autogobierno. En ese contexto, abogó por dotar de más capacidad fiscal a los territorios. "Cada comunidad tiene que tener una financiación adecuada para poder financiar sus servicios públicos", defendió, pidiendo que el Estado ceda más impuestos a las autonomías.
Susana Díaz | Presidenta de la Junta de Andalucía
"Conoceremos la media de impuestos autonómicos e influirá en la financiación"
Susana Díaz se mostró satisfecha tras la cumbre, especialmente por asumir este año como fecha para aprobar un nuevo modelo de financiación y por analizar la armonización fiscal. "Se trata de conocer cuál es la media de los tramos autonómicos de los impuestos cedidos y eso tiene que ir ligado al nuevo modelo de financiación autonómica", indicó. Confía en que el informe sobre esa materia "influya" en la nueva financiación porque "hay una voluntad mayoritaria de que eso se produzca".
Ximo Puig | Presidente de la Generalitat Valenciana
"Hay que apostar por la singularidad entre territorios e igualdad entre ciudadanos"
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se mostró satisfecho por el compromiso de renovar este año el sistema de financiación tras un encuentro que tachó de "extraordinariamente positivo". En otra comparencia ante los medios destacó la importancia de la cita e indicó que la posición valenciana es que el nuevo modelo "se secularice, se haga en base a las cifras, a la realidad de los expertos" y se apueste "por la singularidad entre territorios e igualdad entre ciudadanos".
