Los exdirectivos de Novacaixagalicia recibieron ayer la visita de sus familiares y los abogados en el centro penitenciario de A Lama donde llegaron en la tarde del lunes tras la orden de detención de la Audiencia Nacional para que cumplan los dos años de prisión a los que les condenó por el delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida en el cobro de las prejubilaciones millonarias. Están "tranquilos, dentro de lo posible que es estarlo", según aseguran en su entorno a FARO, aunque todavía "sorprendidos, mucho" por cómo se han hecho las cosas. Las defensas ultiman la presentación -tienen de margen hasta el jueves- de un recurso de súplica para dar marcha atrás en la decisión de los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que serán también los que tengan que pronunciarse sobre esta última vía de la que disponen para salir. Al menos mientras no se resuelve el otro recurso pendiente por la devolución de los 10,5 millones de euros de la responsabilidad civil y que los antiguos altos cargos tratan de reunir. No falta todo. La Audiencia Nacional sostiene que las cantidades que entregaron y el valor de los bienes embargados respaldan el 51% y que esa fue la razón de que se decantara por el traslado a prisión ante "la gravedad del delito cometido".

En el auto que recoge la negativa a suspender las penas y ordenó la localización de los cinco para su traslado a la cárcel, los magistrados -incluidos dos de los que les juzgaron, Alfonso Guevara y Antonio Díaz Delgado- confirman que la Fiscalía se posicionó claramente a favor de denegar la solicitud de José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Julio Fernández Gayoso y el abogado asesor, Ricardo Pradas, para paralizar el cumplimiento hasta dirimir las diferencias respecto a los importes a devolver; y que los cinco cumplían dos de los tres criterios que marca el Código Penal para evitar la cárcel. No tienen antecedentes y la condena no supera los dos años.

El tercer requisito es la satisfacción de las responsabilidades civiles impuestas. Y eso no se da, según subraya la Audiencia Nacional, aunque también reconoce que el reintegro "pende de recurso de casación". De hecho, una de las razones por las que las defensas de los exdirectivos de Novacaixagalicia mostraron su sorpresa por las maneras del tribunal es que ambas partes se encontraban en estos momentos negociando los términos de la devolución ante las diferencias que había en el valor de los avales y propiedades que depositaron para asumir pago.

Las cantidades consignadas y los ingresos procedentes "de uno de los inmuebles embargados a Gregorio Gorriarán Laza" suman, según detalla el auto de la Audiencia Nacional, un total de 4.091.280,25 euros. La diferencia hasta los 10.445.586,31 euros en los que quedó estipulada la responsabilidad civil después de que el Tribunal Supremo obligara a deshacer los cálculos iniciales de 14 millones por "un llamativo error" no se cubre "por los embargos inmobiliarios" realizados. La tasación, indica, asciende a 1.285.994,77 euros. "Faltaría así la última de las condiciones", explica la Audiencia Nacional, a la que no le vale "la simple manifestación de los condenados" y reclama "garantías suficientes de cumplimiento".

Aún así, si se dieran las tres premisas, entrar o no en la cárcel es una posibilidad que queda en manos de los jueces, que insisten en que hay que rechazar "la suspensión condicional" que piden las defensas "aun cuando se entendiese en favor de los condenados" que falta el veredicto final por las cantidades recurridas. ¿Por qué? Por la explicación que ya el lunes esbozó. "La gravedad del delito cometido atendiendo al impacto macroeconómico producido determina que, en aras de evitar la impunidad, sea necesario el ingreso en prisión de los cinco condenados, máxime cuando se trata de penas consideradas por el Tribunal Supremo como benévolas", dice, en referencia a la revisión que el alto tribunal hizo de la sentencia y su opinión de que los dos años era una condena "desproporcionada" por su "exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas a las que se ha hecho referencia".

"Se trata -añade la Audiencia Nacional en el auto- de individuos que tenían la administración de una caja de ahorros que precisó de un rescate por el Estado y que se encuentran investigados en otras causas que se instruyen en la Audiencia Nacional". Causas de las que nada se sabe desde hace año y medio y por las que no están imputados.

El recurso de súplica es la vía excepcional que les queda a los antiguos altos cargos para salir antes de tirar de un recurso de amparo en el Constitucional por una posible vulneración de sus derechos. Y es en lo que se afanan sus abogados, junto con la búsqueda de los cinco millones para completar la responsabilidad civil. En el caso de Gayoso se añade su edad, 85 años, para abordar con Instituciones Penitenciarias algún tipo de acuerdo.

La Audiencia Nacional condenó en octubre de 2015 a Pego, ex director general de Novacaixagalicia; Gregorio Gorriarán, encargado del área inmobiliaria; Óscar Rodríguez Estrada, que llevó las riendas de la oficina de integración; y al expresidente, Julio Fernández Gayoso, y el abogado que asesoró en materia de contratos, Ricardo Pradas, como "cooperadores necesarios" en la concertación de un plan para mejorar sus condiciones de altos cargos y "buscarse una situación todavía más favorable económicamente" ante su "previsible salida". Algo que los implicados siempre negaron en su versión, respaldada también por buena parte del resto de directivos de la entidad, consejeros y hasta sus sucesores en NCG, el presidente José María Castellano y el consejero delegado César González-Bueno.

El ex director adjunto, Javier García de Paredes, también se sentó en el banquillo y la sentencia de la Audiencia Nacional lo incluía en esa supuesta trama, aunque en el último momento del juicio la Fiscalía pidió su absolución y quedó libre de cargos y con la indemnización de 5,7 millones por la que batalla ahora con el FROB.