La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) intensificará sus intervenciones durante el próximo año, tanto en la apertura de expedientes por obras ilegales como en órdenes de demolición de edificaciones levantadas fuera del ordenamiento jurídico. Con respecto a este año que está a punto de terminar, la APLU incrementará en un 20% de media sus inspecciones, expedientes de reposición y demoliciones, marcándose el objetivo con mayor actividad desde que comenzó a funcionar esta agencia en 2008.
Así se recoge en la planificación presupuestaria para 2017 de esta unidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Si este año la previsión era abrir, tras la correspondientes inspecciones, 430 expedientes de reposición de la legalidad con el objeto de devolver al espacio ocupado su estado original -libre de construcciones levantadas ilegalmente-, ahora se pretende llegar a las 500, lo que supone un incremento del 16%. Y la idea es mantener el mismo ritmo creciente de actividad en los próximos años, para llegar a las 525 en 2018 y a las 550 en 2019.
Un intensificación mayor se espera en las demoliciones ejecutada. La previsión de 2016 era acabar el ejercicio con 98 derribos -la APLU tiene actualmente documentados ya 95-, pero para el próximo año el objetivo es alcanzar los 125, lo que representa un aumento del 27%, para ir a las 150 al ejercicio siguiente.
Son cifras que superan ampliamente las registradas al inicio de la actividad de la APLU (en 2008), cuando las demoliciones practicadas fueron solo 38, si bien desde entonces el número de derribos va en continuo aumento, hasta superar los 600 entre viviendas, edificios, galpones y naves ilegales.
El presupuesto para realizar los derribos es el mismo que el actual, de casi 2,1 millones de euros. Entonces, ¿cómo se justifica el incremento previsto del número de demoliciones? La razón es que mientras al principio de la entrada en funcionamiento de la APLU era la Xunta la que ordenaba el derribo de forma subsidiaria para posteriormente cargar los costes a los propietarios de las edificaciones ilegales, ahora son los propios dueños los que cada vez en mayor grado asumen la responsabilidad de echar abajo estas construcciones sin licencia, dado que de esta forma también evitan multas adicionales.
"Cada vez son más los ciudadanos que asumen el error cometido y reponen la legalidad urbanística vulnerada. La mayoría de las reposiciones son realizadas por los interesados para así evitar multas y sanciones", detalla la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
No obstante, la actuación de la APLU ha merecido un serio reproche por parte de las fiscalías provinciales de A Coruña y Pontevedra en sus memorias correspondientes al año 2015. Ambas sostienen que ha relajado sus inspecciones y que incurre en "dejación de funciones", además de reprobar la demora en el traslado de expedientes de reposición de legalidad sobre hechos presuntamente constitutivos de delito, lo que podría derivar en el archivo de supuestos penales por haberse superado el plazo de prescripción. Para evitar que estos delitos queden impunes, la Fiscalía Superior de Galicia tuvo que enviar un oficio a la Xunta para que agilizara las comunicaciones.
Ante esto, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, replicó que la APLU nunca había ordenado tantas demoliciones como actualmente.
El antes y el después de la intervención para restaurar la legalidad urbanística
- La APLU documenta con vídeo e imágenes los derribos en los que interviene, cuya tarea y costes son asumidos directamente cada vez por más propietarios que admiten el error de haber levantado una construcción sin licencia en un lugar prohibido. En las imágenes superiores se puede observar el antes y el después de una demolición practicada en el concello coruñés de Sobrado, donde un particular construyó una pequeña casa de una planta en suelo rústico de protección agropecuaria. El derribo se realizó el pasado mes de junio para devolver el campo a su estado original.
