Respeto a la autonomía local. Esa fue la petición expresa de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, al jefe de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia parlamentaria para explicar las cuentas del organismo provincial, que el año que viene crecerán un 0,27% hasta 152 millones de euros.
La exigencia de Silva se enmarca en el pulso que mantiene el concello de Vigo con el Ejecutivo gallego acerca del transporte metropolitano, una de las piedras angulares del Área Metropolitana. "Necesitamos que la Xunta se tome en serio la despoblación del rural, respete la autonomía local y no haya injerencias en las decisiones de los concellos", proclamó la socialista después de reclamar una cumbre con Feijóo, como hizo el año pasado tras tomar posesión, para abordar las competencias que asume la institución cuando debería hacerlo la Xunta.
La sesión se tensionó al final tras la intervención del popular Alberto Pazos Couñago, ex director xeral de Administración Local la pasada legislatura. Este pidió a Silva responder si "compartía el modelo segregacionista del concello de Vigo" en cuanto al aparcamiento del hospital Álvaro Cunqueiro.
En su réplica, Silva anunció que desmontaría las "mentiras del PP", expresión que cortó la presidenta ocasional de la comisión, la popular Cristina Romero, pues el socialista Abel Losada, al frente del órgano, intervino en el debate para destacar, entre otros asuntos, que el gasto en personal de la diputación se sitúa por debajo de la media.
Silva denunció un trato desigual con su homólogo ourensano, José Manuel Baltar, que compareció minutos antes, y que no se le permitió rebatir los "insultos gravísimos del PP". "Pero yo tengo las manos limpias", añadió.
Baltar
No fue el único momento tenso en el Parlamento. Los presupuestos del organismo provincial ourensano también quedaron en un segundo plano ante el enfrentamiento entre Baltar y la oposición a propósito de la investigación judicial sobre la presunta oferta del primero a una mujer, también investigada en la causa, de un puesto de trabajo a cambio de relaciones sexuales.
El líder del PP ourensano acusó a sus rivales de "ignorancia" y "falta absoluta de conocimiento" del caso. Antes, Ánxeles Cuña (En Marea) declaró que las acusaciones "no tienen nombre"; la socialista Noela Blanco le pidió dimitir porque "no es el señor de un castillo feudal", y Noa Presas (BNG) le exigió cumplir el código ético o "incluir en él el derecho de pernada".
En lo relativo a las cuentas, Baltar defendió la solvencia de la diputación, cuyo presupuesto de 77 millones -700.000 euros menos que este año- se aprobó a finales de septiembre y destacó que "ya se trabaja en las de 2018" primando el empleo.
