El Fondo Monetario Internacional (FMI) se une a las voces que urgen la reforma del sistema de financiación a las comunidades. Por si había pocas. En la declaración final de su misión a España, el organismo advierte que, sin cambios, el actual modelo de reparto de los fondos estatales "seguirá suponiendo un riesgo para la consecución de los objetivos fiscales". Para el cumplimiento del techo de déficit, que en 2019 debe quedar reducido al 0% del Producto Interior Bruto (PIB). El informe propone "mejorar los incentivos" para que limen el desajuste entre los ingresos y los gastos, sin perder de vista "sus diferentes capacidades económicas". Con dos propuestas. Mayor autonomía fiscal y "la posibilidad de introducir transferencias ligadas a resultados". Como ocurre, por ejemplo, en la financiación de las universidades gallegas, a las que la Xunta entrega parte de la cuantía en función de los proyectos internacionales, investigaciones o captación del talento. Sería un giro de 180 grados, sin precedentes en las anteriores revisiones del sistema. Pero, ¿factible?
Algo de esa música suena en lo que dejó caer el presidente de la Xunta a principios de esta semana cuando reclamó que las regiones "que cumplieron y no causaron problemas de endeudamiento masivo" no salgan "perjudicadas". Alberto Núñez Feijóo sabe que Galicia no está entre las damnificadas con el esquema en vigor y que el control del déficit es el as que guarda bajo la manga para hacer frente al bando de territorios que sí están infrafinanciados. Pero la disputa va mucho más allá de criterios escrupulosamente económicos. En un escenario de pluralidad de partidos en las regiones y con un Gobierno en minoría que necesita forjar apoyos, los populares gallegos miden la influencia que, el partido en general y el presidente Feijóo en particular, juegan en Moncloa ante el gran debate de la nueva legislatura.
El más importante, entre otras cosas, porque ya tocaba abrir antes el melón. O el sudoku, como el exministro socialista de Economía, Pedro Solbes, lo definió para ilustrar la enorme complejidad que entraña alcanzar un acuerdo. Fue entonces, en 2009, cuando la última reforma echó a andar bajo el compromiso de fiscalizarla a los cinco años. Los muchos relevos en Ejecutivos autonómicos que salieron de las urnas en 2015 frenaron la incipiente vocación del Gobierno de ponerse manos a la obra. "Ahora existen compromisos políticos y requerimientos jurídicos", señala Santiago Lago, coordinador del reciente monográfico sobre financiación que publicó la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). "No obstante, es verdad que la solución al llamado problema catalán condiciona los tiempos y los contenidos -añade el catedrático de Economía de la Universidad de Vigo-. Una reforma sin Cataluña como participante activo es difícil de imaginar".
Quizás por eso la estrategia de la Generalitat catalana pasa por mirar de momento de reojo. Su presidente, Carles Puigdemont, no prevé acudir a la Conferencia de Presidentes del 17 de enero que lleva como prioridad la reforma. Pero Puigdemont sí coló su posición a través de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, tras el encuentro celebrado entre ambos el jueves. Los dos líderes regionales coinciden en el "maltrato financiero" que sufren desde el Ejecutivo central a pesar de su "elevado esfuerzo fiscal" y de ahí la creación de una comisión bilateral que impulsarán para la defensa conjunta de sus intereses en el nuevo modelo.
Cataluña -gobernada por Junts pel Sí y el apoyo de la CUP- y Baleares -con el PSOE al frente y el respaldo de Podemos y los econacionalistas de MES- no estuvieron solas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se abordó el techo de gasto y la senda de consolidación fiscal para las autonomías el año que viene. Junto con Valencia -en manos del PSOE y Compromís- se rebelaron contra el 0,6% del límite de déficit marcado. Las tres son ejemplo de la variedad de color político que tiñe, y alimenta, la disputa. "No acabo de ver a Valencia en este grupo", apunta Lago. Mientras que el suyo es una muestra indiscutible de infrafinanciación, Cataluña y Baleares sí están en la media en lo que reciben por cada habitante. "Lo que piden es que su mayor capacidad fiscal -continúa el también director del Foro Económico de Galicia- se traduzca en una financiación significativamente superior a la media". Valencia, en cambio, cuenta con una recaudación vía tributos que no es muy diferente a la de Galicia "y no le interesa ir en ese tren". "Antes o después, se bajará", señala Santiago Lago.
Lo que está claro es que para que algunas ganen otras tienen que perder. El sistema reserva para las regiones la mitad de la recaudación de IRPF e IVA y el 58% de la mayoría de impuestos Especiales, además de la totalidad de los ingresos por el gravamen de la electricidad, venta minorista de hidrocarburos y los tributos cedidos, con Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Patrimonio como patas fundamentales. Casi 5.000 millones en Galicia en 2014, el último ejercicio liquidado por el Ministerio de Hacienda. Por habitante, unos 1.673 euros al año, frente a los 1.932,6 del conjunto de las comunidades.
Ante las grandes diferencias en la capacidad de los territorios para hacer caja -en Madrid alcanza los 2.715 euros y solo 1.382,5 en Extremadura-, el modelo cuenta con una serie de fondos que compensan los ingresos fiscales para garantizar la "equidad" y la "suficiencia" en la prestación de servicios públicos. La financiación total por habitante se situó en Galicia en 2.144,9 euros. La media en ese 2014 fue de 2.046 euros. También por encima se quedaron Cantabria (2.723,7 euros), La Rioja (2.503,7), Extremadura (2.309,9), Aragón (2.302,8), Castilla y León (2.239,8), Asturias (2.225,8), Madrid (2.131,3) y Castilla-La Mancha (2.081,7).
Del otro lado están Cataluña, con una financiación por habitante de 2.044,5 euros; Andalucía (1.993,2), Murcia (1.942,8), Valencia (1.819,7), Canarias (1.742,8) y Baleares (1.598,3 euros).
La publicación cada año por parte Hacienda de las balanzas fiscales azuza todavía más la discusión. Son los datos del montante que cada comunidad aporta a la caja común y lo que recibe no solo en financiación. La diferencia en Galicia supera los 3.600 millones de euros. O, lo que es lo mismo, la comunidad recibe por encima de lo que da el equivalente a un 6,8% del PIB. Unos 1.320 euros por cada habitante. Madrid, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra son las únicas que aportan mucho más de lo que llega a sus manos y las balanzas fiscales se han convertido en la principal arma para sus exigencias.
"Las balanzas fiscales se refieren al global de los flujos fiscales interterritoriales y no solo a la parte correspondiente al sistema de financiación.No deben ser tenidas en cuenta en la negociación", sostiene Lago. "Si algo funciona mal, hay que corregirlo en función de los problemas que afectan a esa parte -afirma el catedrático- y no mezclarlo con otras cosas que son distintas, como por ejemplo la Seguridad Social, y generan los efectos redistributivos que cabría esperar".
En la Xunta nunca gustaron las balanzas fiscales. "No pueden ser un acto de fe", dijo el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, tras la publicación de las de 2015. "No pueden ser un instrumento determinante y, desde luego no pueden ser el único, para calcular la financiación que le corresponde a una comunidad", añadía el vicepresidente, Alfonso Rueda, que también enfatizó la excepcional posición de Galicia en el cumplimiento del déficit y "las peculiaridades" de la geografía y la población como importante matiz en el análisis del gasto. Rueda fue, precisamente, el representante de Galicia en la cumbre que en octubre organizó Castilla y León para crear un frente común en compañía de Madrid para la reclamación de una financiación "justa y suficiente". Las que necesitan evitar quedarse como perdedoras.
¿Eje del centro y el noroeste frente al bando del Mediterráneo en el jaque a la financiación? "No creo que vayamos a ver dos bloques. Habrá muchos y posiciones individuales. Me temo que, otra vez, la consigna del "cuánto me toca a mí" va a estar claramente por encima de la voluntad de mejorar intrínsecamente el sistema y sus fundamentos. Por eso necesitamos agentes y organizaciones a escala estatal, o gobiernos autonómicos con voluntad de liderazgo de Estado, que vayan más allá de la mera contabilidad", opina Lago. ¿En qué posición está realmente Galicia para negociar? "La concordancia ideológica con el Gobierno central y la relevancia política del presidente de la Xunta en el partido, ayudan -argumenta-. Además, Galicia está bien tratada en términos comparativos, pero no de forma exagerada como ocurre con tras comunidades. Creo que Galicia puede y debe liderar el proyecto más allá de sus intereses financieros inmediatos para intentar mejorar la arquitectura del sistema".
La arquitectura del sistema es hoy una tabla de ajedrez con 15 peones -País Vasco y Navarra cuentan con su propio sistema, con cupos y mayor poder fiscal- entre los que Feijóo enarbola la necesidad de construir un Estado de las autonomías "más autonómico". No lo comentó en cualquier sitio. Lo hizo en Barcelona, invitado por el prestigioso Círculo de Economía, como estrella política que es.
Feijóo quiere un modelo "que se base en criterios objetivos y no en cuestiones identitarias". El presidente de la Xunta es consciente de que con una financiación como la suya la batalla está en los sobrecostes del envejecimiento y la dispersión. Por eso apela a impulsar "una pieza separada" para la sanidad, en la que Galicia necesitará, según sus cálculos, al menos 700 millones de euros más en "dos o tres años".
"No hay que inventar nada nuevo sobre eso. Los sobrecostes se corrigen con la figura de "los habitantes ajustados", que ponderan la población de cada comunidad en función de esas mayores necesidades financieras", explica Santiago Lago. "Lo que sí podemos es -indica- mejorar los cálculos y gravitar en mayor medida sobre estimaciones técnicas solventes e independientes". Tanto Lago, como el monográfico de Funcas, también el reciente informe de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) coinciden en profundizar en la autonomía fiscal, en la estimación de las necesidades de gasto y en transparencia de cara al ciudadano. "Sin que exista -concluye Lago- el atajo de pedir más dinero a Papá Estado".
No hay mejor ilustración sobre lo que se juega Galicia y cómo quiere afrontar la partida que la última referencia del presidente de la Xunta al debate. "No queremos más que nadie, pero tampoco vamos a aceptar menos", avisa Núñez Feijóo. Justo después recordó, también a Moncloa, que es "una excepción" y lleva tres mayorías absolutas a su espalda.
