El empresario Gerardo Crespo defendió ayer que se realizaron, y fueron validados por la Xunta, todos los cursos de formación para parados y discapacitados de sus firmas, por los que recibió subvenciones millonarias entre 2008 y 2012. Tras dos años, acudió a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña que investiga la operación Zeta, un supuesto entramado para recibir dinero público destinado a esas tareas de formación, para luego no realizarlas, fingiendo gastos y empresas ficticias, según consta en un informe policial.

Supuestamente Crespo sería el cerebro de esa trama, en la que están investigados también empresarios, ex altos cargos de la Xunta y sindicalistas. Ayer Crespo respondió a ochenta preguntas de su abogado y a dos del fiscal. "Todo es legal y auditado", proclamó luego, insistiendo en que resulta "imposible falsificar" la realización de los cursos que ofertaban sus firmas.

Su versión contradice la declaración de empleadas, una de las cuales sostuvo que le ordenaba elaborar facturas falsas.