Superadas las restricciones a la contratación impuestas por las políticas de austeridad durante los años más duros de la crisis, la Consellería de Educación prevé cubrir en 2017 la totalidad de las jubilaciones en su plantilla y lanzar una oferta pública de empleo "similar" a la de este año, en la que se convocaron 1.112 plazas, la cifra más elevada de los últimos ocho años. Así lo avanzó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en comisión parlamentaria donde expuso las líneas generales de los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio.
La convocatoria y el número de plazas a cubrir estarán determinadas por la tasa de resposición que fije el Gobierno central, aunque el conselleiro expresó su compromiso de que la oferta de empleo sea "en los términos más amplios posibles". Así los presupuestos de Educación recogen "la previsión de unas oposiciones en infantil, primaria y secundaria".
Este año se pudo ya, por primera vez desde 2012, cubrir la totalidad de la tasa de reposición que en los ejercicios anteriores había estado limitada. Se convocaron 1.112 plazas, 500 de maestros, 478 de Educación Secundaria y el resto para FP.
A pesar del anuncio del conselleiro, ayer en el Parlamento, el responsable de CIG-Ensino, Anxo Louzao, apunta que durante los años de crisis se perdieron 3.000 puestos docentes, de manera que esa oferta sería insuficiente para cubrir todas las vacantes.
Los presupuestos de Educación para 2017 crecen un 2,85 por ciento hasta alcanzar los 2.315 millones de euros, si bien este incrementoqueda absorbido en buena parte por la devolución del complemento específico a los profesores. De esta forma, junto con el gasto salarial corriente, los presupuestos de 2017 destinan 22 millones de euros adicionales a cubrir las pagas extra dentro del capítulo destinado a acción retributiva, cuyo montante asciende hasta los 1.343 millones de euros.
Las cuentas también prevén 5 millones de euros para continuar con la implantación de la Lomce en los distintos niveles educativos.
Las universidades ven aumentados también sus ingresos por esta vía un 3,3% para poder abordar la recuperación retributiva de su personal. De esta manera recibirán más de 400 millones de euros. A los centros concertados se destinarán en el próximo año 17 millones de euros más que en 2016.
El conselleiro defendió el "derecho a la elección de centro" por estar "contemplado en la Constitución" y, en alusión a En Marea, lamentó que otros partidos no quieran acatar la Carta Magna, en pro de otros modelos políticos, como las democracias bolivarianas.
La Xunta también dotará partidas por valor de 149 millones de euros "para atender a los servicios de transporte y comedores escolares", según explicó el titular de Educación, que también señaló que los fondos para ayudar a la adquisición de material escolar "casi se duplican".
Las inversiones de capital, que ascienden alrededor de un 28%, alcanzan los 49,4 millones de euros e incluyen actuaciones como la reforma de centros educativos -para lo que se reservan hasta 27,6 millones-.
Pero, tal y como recalcó el conselleiro, "el mayor incremento, en términos porcentuales, será para un programa de prevención de abandono escolar", al que se destinará un 12,5 por ciento más en 2017
Asimismo, la Fundación Cidade da Cultura contará en 2017 con algo más de 9 millones de euros de presupuesto, de los cuales 3,6 millones se destinarán a continuar las obras en el entorno del Gaiás.
Pero las cuentas de Educación no covencieron a la oposición. La diputada de En Marea, Luca Chao, tildó de "puro anuncio propagandístico" el supuesto carácter expansivo de este borrador de presupuestos en el que lo único que aumenta, ha dicho, es el sueldo de los altos cargos y la deuda pública.
No ha sido tan beligerante la portavoz de PSdeG, Concepción Burgo, quien, no obstante, definió como "muy decepcionantes" unos presupuestos en los que -aseguró- "no hay un sustento político real debajo".
Por su parte, la portavoz del BNG, Olalla Rodil, censuró el reparto de las ayudas a entidades culturales, el cual "no atiende a ningún interés general" y beneficia a instituciones cuestionables como la Fundación Camilo José Cela o a "sacos sin fondo", como la Ciudad de la Cultura.
