La Xunta impulsa medidas legales para reestructurar y ordenar el territorio agroganadero, que vendrán acompañadas de inversiones por valor de 27,1 millones de euros en estructuras e infraestructuras.

Entre estas iniciativas de carácter normativo, el Gobierno gallego destacó las modificaciones que se van a introducir en la Ley de Mejora de la Estructura Territorial Agraria de Galicia para incentivar la movilización de tierras y agilizar los trámites en esta materia.

Estos cambios, según indicó la Xunta, forman parte del anteproyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta.

Entre ellos, el Ejecutivo autonómico destacó los relativos a la movilidad de tierras correspondientes a las masas comunes de reestructuración parcelaria o de terrenos de interés agrario. En el primer caso, aseguró que se trata de establecer un procedimiento para ceder tierras de masas comunes a particulares a través de los ayuntamientos, antes de pasarlas al Banco de Terras.

En lo que respecta a las tierras de interés agrario, el Gobierno gallego precisó que la modificación propuesta aclarará que el fondo económico a aplicar para mejorar la estructura agraria de cada zona de concentración se nutrirá con los ingresos obtenidos por la gestión de esos predios declarados de interés agrario. Se clarifica, también, que los terrenos que no tengan dicho interés pasarán a los municipios.

Asimismo, en la línea de simplificar el trámite de los procesos de concentración, la Xunta señaló que se propicia la concordancia entre los datos gráficos y numéricos de los predios, previa a su registro. De esta forma, se adapta la Ley de Mejora de la Estructura Territorial Agraria de Galicia a la nueva normativa estatal sobre el catastro.

Además, el Ejecutivo autonómico subrayó que se incrementa el tiempo para que los titulares vean recogidos en el proceso de concentración los cambios de titularidad que se produzcan. La Xunta aseguró que busca así evitar que el desarrollo del proceso suponga una traba en el tráfico jurídico privado de los predios afectados y propiciar un ahorro económico y de trámites para los interesados.

Por último, subrayó que se agiliza y se simplifica la evaluación de los requisitos para hacer una parcelaria en una zona determinada, de tal forma que será suficiente un informe del servicio provincial correspondiente, con exposición pública, para clarificar los criterios que provocarán la realización de una reestructuración en una área.