La petición del juzgado número uno de Lorca al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que investigue al presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por los presuntos delitos de fraude contra la Administración pública, prevaricación continuada, falsedad en documento oficial y malversación de caudales público en la construcción del auditorio de la localidad de Puerto Lumbreras durante su etapa como alcalde abre de nuevo el debate interno en el PP sobre cuándo actuar contra uno de sus cargos bajo sospecha. El pacto de los populares con Ciudadanos para facilitar la investidura de Mariano Rajoy a finales del mes de octubre marca expresamente que las dos formaciones "se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial". El líder del partido en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, defiende, sin embargo, que no se actúe hasta la apertura del juicio oral.
A pesar de que el también presidente de la Xunta muestra su respeto por el acuerdo y recuerda que sin él no estaba garantizada la continuidad de Mariano Rajoy en Moncloa, Feijóo defiende que eso no tiene por qué llevar al PP a modificar sus propias normas internas. La apertura del juicio oral sigue siendo el margen para el máximo responsable de los populares gallegos, como ayer comentó en una charla con periodistas en el Congreso de los Diputados tras la recepción institucional del Día de la Constitución. A no ser de que existan pruebas contundentes de que los investigados "han metido la mano en la caja". Lo contrario, advierte, es "una carta blanca" a los partidos para "destruir" carreras políticas.
Feijóo también defendió el sistema de elección de cargos en su partido y rechaza una reforma de los estatutos para garantizar las primarias. Lo que sí ve con bueno ojos es elevar el número de delegados que votan en los congresos.
