04 de diciembre de 2016

Fernando Suanzes: "Galicia, por los delitos de corrupción que registra, necesita un fiscal especializado"

"La Fiscalía no es referente ético de nadie; cada partido debe regular como crea conveniente qué hacer cuando tiene cargos investigados" - "La presunción de inocencia ni se entiende ni se lleva a la práctica"

04.12.2016 | 13:00
El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, en una de las salas del Palacio de Justicia de A Coruña. // J. Roller

Mañana se cumple un año dela reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija un límite máximo de 36 meses para la instrucción de causas complejas y que deja fuera del proceso los asuntos sin autor conocido. ¿El balance? Por encima de las expectativas, según reconoce el fiscal superior de Galicia, ya en este año se ha reducido en más de un tercio los asuntos que llegan a los tribunales. Pese a las "luces" dela reforma, Suanzes advierte de que también tiene "sombras". Por ello, apuesta por un pacto de Estado por la Justicia para evitar reformas precipitadas y sin consenso.

-Por primera vez en cinco años, Galicia cerró 2015 con un descenso de los delitos de corrupción. ¿A qué lo atribuye?

-2015 es el segundo año consecutivo en el que el CIS constata que el segundo problema más importante para los ciudadanos españoles es el relacionado con la corrupción. La memoria de la Fiscalía de Galicia determina que este tipo de delitos cayó el año pasado un 30%. La foto fija de mayor importancia es esta: los ilícitos penales que se incoan, ya que son un espejo de lo ocurrido el año en curso. Quizás habría que esperar unos años más para hacer un diagnóstico sobre la evolución. En cualquier caso, estamos saliendo de una catarsis donde la sociedad española en general, no solo los políticos, autoridades o funcionarios, ha entendido que en un país democrático y moderno ya no proceden determinadas prácticas.

-Los largos procesos de instrucción hacen que la sentencia pierda su función ejemplarizante ante la sociedad e incluso que llegue demasiado tarde si el encausado es absuelto, porque su honor ya ha sido lesionado.

-Esto tiene que ver con la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional precisó en su día que la presunción de inocencia no es solo una presunción de no autoría y no participación en hechos de trascendencia penal, sino que es aplicable a otros sectores de la actividad como sanciones o expedientes disciplinarios y también tiene una extensión al tratamiento de los ciudadanos: uno debe ser tratado como inocente hasta que haya una sentencia definitiva. Quizás todos debemos replantearnos cómo tratar estos casos hasta que no llega la sentencia. Estamos en un país donde cualquiera puede denunciar a cualquiera y con unos indicios mínimos hay una alta probabilidad de que el juez llame a declarar como encausado al demandado. Es difícil que la presunción de inocencia sea entendida y llevada a la práctica de manera perfecta.

-¿El coste y el desgaste que acarrea el juicio mediático y público es mayor que la sentencia dictada por un juez en los procesos de corrupción?

-La Fiscalía no es un referente ético de nadie. Nuestra función es ejercitar la acción penal cuando proceda, realizar las actuaciones que correspondan y llegar a un resultado. Se trata de actuar con respecto a la presunción de inocencia. La manera en cómo se articule esto es cuestión de la sociedad, como por ejemplo si un cargo público o un funcionario debe dimitir antes o después [de ser encausado]. Nosotros tenemos la experiencia que afectó el juez Garzón, que se mantuvo ejerciendo sus funciones hasta la apertura del juicio oral. Ese es un momento idóneo. Pero, repito, cada partido, entidad, o grupo empresarial ha de regular eso como crea conveniente.

-Ese modelo no es el que tienen todos los partidos, y los que lo tienen no siempre lo cumplen.

-Algunos sí. Nosotros no debemos meternos en eso.

-¿Han sido condescendientes los partidos con los casos de corrupción que salpican a sus filas?

-La concienciación de la sociedad española es importante y cada vez mayor. En cuanto a los partidos políticos y autoridades, creo que están actuando con un nivel de transparencia y de regulación de códigos éticos encaminados a la solución de este tipo de cuestiones. En este terreno se está avanzando bastante.

-Sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor hace un año hay dos visiones sobre su alcance: unos creen que evitará dilaciones excesivas en los procesos y otros consideran que poner límites temporales a la instrucción impedirá que se llegue al fondo de algunas tramas. ¿Dónde se posiciona?

-Como cualquier reforma, tiene sus luces y sus sombras. La parte positiva es que ha permitido constatar que estamos reduciendo en más de un tercio, por encima de las expectativas creadas, las causas que llegaban a los tribunales y que entorpecían el desarrollo del proceso y la dedicación de jueces y fiscales a otros asuntos de mayor enjundia. Entiendo que no tiene por qué producirse ningún supuesto que por la aplicación de estos límites de plazos quede impune. Las reformas deberían hacerse con el mayor consenso posible, incluso promover un pacto de Estado en materia de Justicia que aborde este y otros temas de forma que no sean reformas que se hagan de manera precipitada y cuenten con la colaboración de todos los operadores jurídicos y de todas las personas que intervienen en la Administración de Justicia y así llevarlo con una estrategia mayor.

-Para esta gran reforma de la Justicia, los presupuestos tienen que acompañar.

-Tiene un contenido muy amplio, que hay que matizar en los presupuestos que se dedican a la Administración de la Justicia. En España no llegan al 1% del PIB, mientras que en otros países europeos están en el 2,5. Y además hay que corregir el problema estructural que tenemos: el 70% está destinado al pago de nóminas cuando en Europa está equilibrado al 50%.

-¿En qué debe centrarse el Pacto de Estado en Justicia?

-Hace años solo unos operadores jurídicos hablaban sobre él. Ahora hay un cierto consenso sobre la necesidad de alcanzarlo. Sobre todo en materia penal, hay asuntos pendientes desde hace mucho tiempo como es la instrucción por parte del Ministerio fiscal. Tenemos textos sobre los que se puede trabajar ya que hubo dos anteproyectos de los gobiernos anteriores. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no es que sea del siglo pasado sino que es del anterior. Parece que el Gobierno actual entiende que la investigación penal tiene que ser desarrollada por el Ministerio fiscal. Ese es un eje importante. Otro sería un principio de oportunidad generosa: que podamos llegar a acuerdos en el desarrollo del procedimiento penal más allá de un beneficio de reducción del tercio de la pena prevista, que es lo máximo a lo que se puede llegar hoy en día. En cualquier caso, la dilación es un dato relevante que se tiene en cuenta y que afecta no solo a los ciudadanos, a las instituciones o a las empresas, sino también a la proyección exterior de nuestra imagen, a los efectos de inversiones, a la fiabilidad del sistema judicial... Y eso, unido a la previsibilidad o la certeza de las resoluciones, se enmarca un sistema judicial fiable a efectos de equipararnos al resto de países europeos.

-Para evitar esas dilaciones, el papel del juez instructor es determinante. ¿Hará la Fiscalía un seguimiento especial para evitar que haya jueces que se eternicen en una causa o asuman competencias que le corresponden y, en consecuencia serán amonestados?

-Primero el legislador tiene que aclarar qué modelo penal quiere: si va a ser el investigador el Ministerio fiscal o va a seguir siéndolo el juez. Si la investigación, como parece, la lleva en el futuro el Ministerio fiscal, los mecanismos del control serán nuestros. Dedicaremos equipos, más fiscales y funcionarios y actuaremos de manera coordinada para que esa gestión se realice de manera correcta. Si sigue en manos del juez instructor, no nos corresponde amonestar a nadie. Es una función específica del CGPJ.

-En su día la Fiscalía avisó hasta tres veces a la juez de las multas de tráfico en Lugo para que actuase con diligencia.

-Si la investigación la lleva el Ministerio fiscal estaremos atentos. Como ya dije en su momento: 'la mejor manera de no llevar nada es querer llevarlo todo'. Es una recomendación obvia intentar separar los asuntos cuando uno no es competente. A un juez, al llevar muchos asuntos, le resulta complicado asumir una causa compleja con miles de folios. Nosotros podríamos hacerlo de una forma mucho más eficiente.

-¿Espera contar esta legislatura con equipos especializados, como reclama desde hace años la Fiscalía de Galicia, para agilizar las causas complejas?

-La Fiscalía del Estado inició hace años un camino de especialización. De las más de 20 unidades especializadas con las que cuenta en todo el territorio, las más conocidas son las de Anticorrupción y Antidroga. La Fiscalía Anticorrupción tiene diversos fiscales distribuidos por la geografía española. Lo que se ha pedido desde la Fiscalía de Galicia es que, debido a los ilícitos penales que se producen, se cree aquí uno o varios fiscales que formen parte de esa unidad especializada de la Fiscalía Anticorrupción que algunas comunidades ya tienen. Espero que se llegue a crear y que tenga unos medios y una oficina que le auxilie, como existe en Madrid.

-Xunta y TSXG confirmaron el mes pasado la creación de tres juzgados y dos plazas de magistrado para 2017, pero quedaron fuera varias demandas. ¿Comparte la Fiscalía que son necesidades urgentes los tribunales descartados para el próximo año: uno de lo Social para Vigo y de instrucción para A Coruña?

-La Sala de Gobierno del TSXG tiene los datos más fiables para determinar los juzgados que corresponden. Nosotros percibimos ciertas carencias, no solo en A Coruña y Vigo. También en Ferrol, una de las pocas ciudades que no tiene un juzgado de Familia específico. Eso se va a ir solucionando en un futuro. Hay un orden de prioridades.

-Por fin parece que Vigo contará con una Cidade da Xustiza tras la reforma del antiguo Hospital Xeral, ¿qué le merece este proyecto?

-El proyecto me parece óptimo. Otra cosa es cómo se desarrolle, se plasme y termine. La Xunta, las autoridades políticas de Vigo y las judiciales estamos interesados en que se gestione de forma adecuada y llegue en el menor plazo posible a tener vida ese edificio. Tiene unas posibilidades enormes para desarrollar no solo el presente de la ciudad de Vigo, sino a medio y largo plazo.

-La Audiencia de A_Coruña ordenó el pasado mes de mayo continuar con la investigación del accidente del Alvia. ¿Qué nuevo calendario se maneja para el juicio?

-Se están practicando diligencias. Una vez realizados nuevo informes periciales, el fiscal ha entendido que era necesario pedir a la Agencia Europea de Ferrocarril una valoración sobre si la evaluación integral de riesgos en el momento del accidente era obligatoria, así como determinados extremos que hay que precisar. Una vez que se eso practique y las partes pidan las diligencias, espero que el asunto siga su tramitación procesal rápida. No sería descartable que pudiera juzgarse en 2017.

-¿Cree que la reapertura de la instrucción dará un vuelco a las conclusiones y sumará nuevas imputaciones?

-Sobre eso no se puede avanzar nada. La Fiscalía estará atenta a todos los nuevos datos sobre este asunto y cualquier incidencia y variación que pueda producirse y en el que nada es descartable.

-Ya han pasado 14 años del accidente del Prestige. ¿En qué medida el Brexit puede afectar ahora al cobro de las indemnizaciones?

-Puede influir en la medida en que si Inglaterra no forma parte de la Unión Europea los mecanismos de resoluciones, que ya son suficientemente complicados, podrían complicarse todavía más en la medida en que habría que hacer convenios específicos en una determinada materia. Es una incertidumbre.

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