Las direcciones estatal y gallega de Podemos estudian qué medidas tomar ante la negativa de miembros de su partido que son diputados autonómicos por En Marea a cederles parte de su salario público y ceñirse a la donación al nuevo partido instrumental.

El caso resulta inédito para Podemos, que halla otra vez en Galicia una situación no prevista en su funcionamiento interno, de nuevo por hallarse ante una participación de sus inscritos a título individual en una organización independiente y no en una coalición.

Los inscritos en el partido de Pablo Iglesias firman un código ético en que se comprometen a cobrar un máximo de tres sueldos mínimos (SMI) -655 euros mensuales-, lo que supone una nómina de 1.965 euros. En caso de percibir un salario superior, deben donar el excedente al partido -50%- y a proyectos sociales seleccionados por sus siglas -50%-.

La dirección de Podemos Galicia, que encabeza Carmen Santos, considera que debe respetarse ese compromiso tras ceder el 20% de su sueldo a En Marea, tal como establece la carta financiera de la nueva formación. Aunque figuran a título individual en En Marea, formaron parte del proceso como miembros de Podemos, entiende.

Pero parte de los siete diputados de Podemos integrados en En Marea rechazan esa idea. El motivo deriva de la novedad de la confluencia gallega. Luca Chao, miembro del Consello Cidadán Galego podemita, y Paula Quinteiro, también inscrita de Podemos, alegan que ocupan escaño autonómico por su condición de inscritos en el nuevo partido y que su cargo público nada tiene que ver con Podemos: están sujetos a las normas de En Marea por su cargo de parlamentarios y no a las de Podemos. Pertenecen también al grupo crítico con la dirección de Santos en Podemos Marcos Cal y Pancho Casal, alineados con Chao. La disparidad de criterio podría provocar que cuatro podemitas de En Marea no cedan a Podemos fondos y tres -Carmen Santos, Juan Merlo y Magdalena Barahona-, sí.

Además, Chao interpreta que el tope de tres salarios mínimos ascendería a 2.260 euros, pues suele aplicarse a catorce pagas cuando los diputados cobran doce. Calcula que una vez descontada la aportación a En Marea y liquidados sus gastos -cómo se realice está sin aclarar-, podría situarse en una retribución ajustada al tope de tres SMI. Ese límite se aplica a cargos de Podemos y también a los diputados de En Marea en el Congreso, coalición que participaron también los de Iglesias, pero ya no existe para el partido instrumental gallego.

La Comisión de Garantías podemita debería ser la que se encargase de solucionar el conflicto. De hecho, el órgano gallego ya apercibió en verano a dos diputados y un senador de En Marea en las Cortes Generales por no estar al día en sus cesiones de dinero.

La dirección de Podemos Galicia es partidaria de exigir a todos sus miembros que ocupan escaño por En Marea una donación de sueldo, pero ayer mantuvo contacto con la Secretaría de Organización estatal que dirige Pablo Echenique para analizar el caso y saber si se les puede aplicar esa exigencia y, en caso de que no la cumplan, qué sanciones puedan imponer. La secretaria general podemita en la comunidad, Carmen Santos, declinó referirse al caso.

En el caso de las elecciones municipales, Podemos estableció como criterio que quien no cumpliese el código ético podría ser expulsado del partido, según un reglamento restringido a ese ámbito. No existen precedentes de inscritos que ocupan cargos por otras siglas, aunque estas fuesen alentadas por Podemos.