El Congreso rechazó ayer la propuesta de En Marea, pactada con el PSOE, de transferir a Galicia la AP-9. Los diputados de PP, Ciudadanos y Foro Asturias unieron sus 18 votos para rechazar la proposición no de ley. Por el contrario, contó con el respaldo de ERC, PNV y Compromís, lo que debería sumar 19 papeletas y hacer prosperar la iniciativa. Pese a ello, uno de estos 19 diputados se ausentó o no votó, de manera que resultó un empate. La votación se repitió hasta en tres ocasiones, con idéntico resultado, de manera que finalmente decayó la proposición no de ley.

En Unidos Podemos desconocen con certeza qué diputado no votó, pero apuntan al PSOE. Según defiende En Marea, todos los parlamentarios de su grupo emitieron su voto y "han comprobado" como ERC, PNV y Compromís también lo hicieron.

La iniciativa, cuyo texto fue cosnensuado con los socialistas, pedía que se levantara el veto impuesto en el Congreso a tramitar la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego el pasado 15 de marzo en la que se instaba a tranferir a la Xunta la titularidad de la AP-9. También se pedía que se iniciaran los trámites para proceder al traspaso y "poner al servicio del interés general de Galicia" esta vía "más que amortizada".

La diputada de En Marea, Alexandra Fernández, argumentó que la Autopista del Atlántico "es una vía fundamental para las comunicaciones interiores de Galicia, puesto que vertebra el territorio de norte a sur, desde Ferrol hasta Tui, cumpliendo un importante papel de dinamización socieconómica del eje atlántico".

El diputado socialista Guillermo Meijón puso cifras: esta carretera está implantada en el ámbito de residencia del 60 por ciento de la población gallega y casi en el 70 por ciento de la actividad económica de Galicia. "Es una infraestructura vital para Galicia y, sin embargo, sigue dependiendo del Gobierno que mantiene unos peajes desorbitados".

El diputado popular Celso Delgado Arce criticó que se plantee rescatar esta autopista y cifró el coste de esta medida en 4.300 millones de euros. En su opinión, "lo lógico" es que el Congreso inste al Gobierno a iniciar las negociaciones sobre la situación de la AP-9 y también sobre su titularidad, pero "no demandar imposibles como que se rescate una concesión".

Según En Marea, Ciudadanos también rechazó su iniciativa alegando que el coste de la transferencia "supondría más de 900 millones".

También en el Congreso, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, advirtió que no ampliará el plazo de concesión de la explotación de autopistas por parte de empresas privadas que concluya en los próximos tres y cinco años, de forma que se quedará "con ellas" y decidirá, en su momento, "la mejor forma de explotarlas".

Esto afectaría a Itínere, la empresa que gestiona la AP-9. Aunque la concesión de la Autopista del Atlántico no vence hasta 2048, la concesionaria sí perdería en los próximos años la AP-1 entre Burgos y Armiñón.

"Fomento no contempla a corto plazo prorrogar los plazos de concesión de ninguna autopista. Cuando venza la autopista revertirá al Estado", aclaró De la Serna.