La asamblea de los alcaldes de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España acodó elevar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) las conclusiones de un estudio que han realizado expertos en haciendas locales para, a su vez, solicitar al Gobierno, de cara a la próxima negociación sobre financiación local, una medida de ventajas fiscales que ayuden a aminorar los gastos extras que supone la conservación y el mantenimiento de sus cascos históricos. Los máximos responsable de las quince ciudades que ostentan este título que otorga la Unesco -entre ellas Santiago- se reunieron ayer en Cáceres para celebrar una reunión, con motivo del treinta aniversario del nombramiento de la capital cacereña como Patrimonio de la Humanidad, donde han aprobado también el presupuesto para 2017 del grupo que conforman estas ciudades y que asciende a 990.000 euros.
La alcaldesa de Cáceres y presidenta del grupo, Elena Nevado, explicó que se trasladarán a la FEMP las conclusiones de ese curso que se celebró en el mes de octubre y que abordó, entre otros asuntos, los sobrecostes que les supone a estos municipios el mantenimiento de sus cascos históricos, que se suma a la pérdida de ingresos a través de impuestos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ya que muchos edificios históricos están exentos de pagar este tributo local.
