25 de noviembre de 2016

Hacienda multará a los retornados que no regularizaron sus pensiones del extranjero

La Agencia Tributara envía otra remesa de misivas a los emigrantes que no se acogieron a la regularización -Casi 30.000 gallegos se beneficiaron del proceso extraordinario

25.11.2016 | 02:24
Protesta de emigrantes retornados el año pasado en Santiago. // Xoán Álvarez

La campaña iniciada en 2013 por la Agencia Tributaria para hacer aflorar las pensiones de emigrantes superiores a 11.200 euros para que tributen continúa. Un año después de que casi 30.000 gallegos retornados con una prestación del extranjero regularizasen su situación abonando de golpe lo no declarado desde el año 2010 para evitar multas y recargos, Hacienda ha enviado una nueva remesa de notificaciones a los contribuyentes que no se acogieron al proceso extraordinario promovido por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Cerrado el rastreo de las pensiones procedentes del exterior y el plazo para que los afectados se pusieran al día con sus obligaciones fiscales -el 30 de junio de 2015-, Hacienda pone bajo la lupa a los retornados que siguen sin declarar las prestaciones del extranjero y que, a diferencia de quienes sí lo hicieron en el plazo fijado y quedaron exentos de multas y recargos, deberán afrontar el pago de la correspondiente sanción por no dar cuenta de sus pensiones en el IRPF. "Las comprobaciones hechas en su día siguen su curso, se trata de actuaciones ordinarias a nivel nacional", explicaron ayer a este diario fuentes de la Agencia Tributaria.

En una reunión mantenida ayer con el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, colectivos de retornados en Galicia le informaron de este nuevo envío de requerimientos para hacer la correspondiente declaración y el aviso de sanciones por los ejercicios no prescritos. "Hay un número muy importante que no se acogió al proceso voluntario de regularización, tal vez tantos como lo hicieron. Bien por desconocimiento de que debían hacerlo, ya que se trata de gente mayor; bien porque se resistieron a hacerlo porque esperaban que cambiase la ley", explica Fátima Monteagudo, portavoz de la plataforma de afectados del Ulla-Umia. Desde el colectivo, apunta, se aconseja a los afectados que hagan la declaración voluntaria y después que presenten una reclamación.

Tras el encuentro de Santiago, el portavoz parlamentario del PSdeG anunció que su formación llevará a la Cámara gallega los "problemas" en materia fiscal de los retornados. Leiceaga explicó que están recibiendo "notificaciones con sanciones en relación con las declaraciones del IRPF de los años 2011 y 2012", cuestiones que, dijo, el colectivo "ya creía solucionadas". Si bien admitió que la cuestión "depende básicamente de la Agencia Tributaria", señala que Galicia "también tiene competencias en materia de IRPF", por lo que trasladará la situación a la Cámara gallega.

En el plazo de seis meses fijado por Hacienda para que el colectivo regularizase su situación, cerca de 30.000 emigrantes gallegos regularizaron sus pensiones por un importe de más de 45 millones de euros. Las cuotas del IRPF por las que se el que rindieron cuentas al fisco del 1 de enero al 30 de junio de 2015 eran de 2010-2013. En el país, los contribuyentes que se acogieron al proceso superaron los 145.000 y el importe de las prestaciones fue de 309 millones, con una media por año de 900 euros.

Las protestas de los afectados llevaron a Hacienda a responder a una de sus reclamaciones: anular las sanciones, los recargos e intereses ya que no había cometido "fraude" alguno, al afirmar que en las delegaciones de la Agencia Tributaria les informaron de que estas prestaciones estaban exentas del IRPF. Las peticiones de condonación registradas superaron las 32.000. "No somos defraudadores", gritaban en las manifestaciones los afectados, que pedían además que le devolvieran lo que pagaron por la tributación de sus pensiones, en algunos casos más de 15.000 euros.

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