Los ciudadanos particulares no tienen la exclusiva del minifundismo típico de Galicia, donde cada propietario de rústico toca a una media de siete parcelas de 0,25 hectáreas cada una, según un estudio reciente. También el Gobierno se ve afectado. Y no solo el central, como demuestra el hecho de que el Ministerio de Hacienda posea la titularidad de 320.000 parcelas de desconocidos que solo abarcan un total de 6.000 hectáreas, sino también el autonómico. De hecho, el Ejecutivo gallego plantea deshacerse de dos mil propiedades que se caracterizan por su reducida superficie y vendérselas a los particulares, como confirman desde la Consellería de Medio Rural.
En la actualidad estas dos mil fincas forman parte del Banco de Terras de Galicia, y no son las únicas en manos del Gobierno gallego. Cuando en noviembre de 2007 el bipartito ponía en marcha el Bantegal (Banco de Terras de Galicia), sus cuentas eran ambiciosas. Esperaba incorporar en cuatro años un total de cien mil hectáreas. Casi una década después, las expectativas solo se han cumplido al 5 por ciento, dado que las hectáreas puestas a disposición de posibles arrendatarios suman apenas 5.800, y además el principal proveedor de tierras es la propia Administración autonómica.
Solo el 8 por ciento -apenas un millar- de las propiedades puestas a disposición de agricultores y ganaderos para ampliar su base productiva y mejorar su rentabilidad proceden de particulares. El resto, más de 11.200 parcelas, son propiedad de Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural), entre ellas esas dos mil de tamaño reducido que, según la Administración, cumplen con los requerimientos para la venta directa a los propietarios colindantes en las condiciones que señala la ley.
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Desde Medio Rural apuntan que el precio de venta estará en relación con el montante de referencia que anualmente determina el Consello de la Xunta en función de la parroquia y de la productividad de las parcelas, aunque, matizan, "puede existir modificación por causas justificadas". En lo que sí inciden es que "se tratará de un precio no especulativo que tendrá en cuenta los beneficios que supondrá para la mejora de las explotaciones de los propietarios adquirientes".
Concebido como un instrumento de mediación activa entre demandantes de tierras y propietarios, el elevado número de fincas en su poder, casi todas de la Administración, lastra este papel, como reconocen desde Medio Rural. "El trabajo en pro de la dinamización" -en alusión a la captación de predios de particulares- "siempre ha estado en el punto de mira del Banco de Terras, pero la labor se vio dificultada por la fuerte carga burocrática del enorme número de fincas públicas incorporadas", alegan. Y añaden que "las medidas de reducción de esa carga permitirán dedicar más recursos a la incorporación de fincas de particulares y a la dinamización de grandes áreas".
Aparte de la venta de las dos mil fincas de superficie reducida, la Xunta también transferirá la propiedad de otras 2.500 parcelas a municipios, por lo que despejaría la herramienta de 4.500 predios. El paso de las 2.500 tierras a los concellos se realizará previsiblemente a finales del primer semestre del próximo año tras revisar todas las propiedades autonómicas y ver cuáles cumplen y cuáles no los fines previstos del Banco de Terras (usos agrícola, ganadero, forestal o mixto). Son las que no satisfacen estas metas las que irán a manos municipales.
Hasta ahora, explican desde la Xunta, solo existía una vía para la cesión de predios a los concellos, siempre gratis y con una finalidad. Por ejemplo, un municipio podía pedir una finca titularidad del Banco para una depuradora. Tras estudiar la idoneidad y solicitar informes pertinentes, el Consello acuerda la cesión. Por este método se presentaron 622 solicitudes, de las que se aceptaron 68 (aunque luego hubo tres renuncias) y 228 están en tramitación.
No obstante, la Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria permite no ceder las parcelas a los concellos por solicitud finalista, sino reconocer la titularidad municipal de las fincas, hasta ahora de Agader, que no cumplen los objetivos del banco de tierras. Así, se examinarán las 11.282 parcelas propiedad de la Xunta para ver cuáles se transfieren. La revisión comenzará en las próximas semanas y los técnicos cuentan con que el procedimiento de reconocimiento de la titularidad municipal afectará, en principio, a 2.500 parcelas repartidas por 107 concellos, aquellos en los que la Xunta posee algún terreno.
Con solo mil fincas de particulares y a un ritmo de crecimiento de un 5% por año desde 2013 (aunque en los últimos tiempos se ha duplicado, apuntan desde Medio Rural), el Banco de Terras está llevando a cabo también dos iniciativas relacionadas con la movilización de fincas privadas. Una de ellas está enfocada en la movilización de grandes áreas en el Val de Lemos. La otra, denominada proyecto Marcos, es "pionera" y consiste en permutas voluntarias del uso de las tierras entre explotaciones.
En la actualidad, hay 12.370 parcelas en el Banco de Terras. De ellas, están arrendadas o en proceso un total de 2.716 terrenos públicos (un 34% de los efectivamente arrendables) y 335 de particulares (un 41% de las que se pueden arrendar).
