16 de noviembre de 2016

La oposición censura el "escándalo" del trasvase de Currás a la empresa privada

En Marea, PSOE y BNG lamentan que saque provecho personal de su paso por la administración -La exconselleira fue responsable del fracaso de la fusión de las cajas

16.11.2016 | 02:36
La oposición censura el "escándalo" del trasvase de Currás a la empresa privada

La oposición en bloque cargó ayer contra el trasvase de la gallega Marta Fernández Currás de la Secretaría de Estado de Presupuestos a la consultora y auditora EY (la antigua Ernst & Young). Lo considera un "escándalo" más para sumarlo a la polémica de las puertas giratorias, en las que altos cargos públicos se pasan a la empresa privada en cuanto cesan sus responsabilidades en la Administración. Su incorporación a EY está pendiente del informe favorable de la Oficina de Conflictos de Interés para confirmar que no incurre en incompatibilidad alguna.

Currás fue la encargada en los últimos años en el Ministerio de Hacienda de diseñar los presupuestos generales del Estado para rebajar el déficit público al ritmo marcado por la UE y cuyo incumplimiento casi le cuesta una multa a España. Además, en su etapa como conselleira de Facenda fue la responsable del fiasco de la integración de las cajas de ahorro gallegas.

Precisamente, su papel en la fusión -que se saldó con un banco que se tuvo que nacionalizar y después vender- fue uno de los argumentos utilizados por el portavoz de En Marea, Luís Villares, para censurar el comportamiento de la ex conselleira. "La lástima es que Fernández Currás no supiese de auditorías cuando fue la fusión de las cajas gallegas porque tal vez nos podría haber hecho un informe mucho más detallado y habríamos tenido información sobre cuál era la realidad de las entidades en el momento en el que el Gobierno gallego tomó la decisión", reprobó el diputado de En Marea.

Villares censuró que Currás "presuma ahora de esos conocimientos". En aras de las transparencia, el portavoz de En Marea reclamó una "ley gallega de lobbies" para afrontar las "puertas giratorias" y que se detalle bien "cuál debe ser el régimen de incompatibilidades", ya que no considera lícito que se utilice en el ámbito privado "información previamente obtenida en el ámbito de lo público o se aproveche de una posición de poder ganada en lo público".

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, también considera objeto de tacha que Currás se pase al sector privado, aunque como advirtió el diputado socialista, las incompatibilidades legales aún no se han resuelto.

"Una persona que estuvo al cargo de una Secretaría de Estado como la suya, con una proyección tan importante sobre todos los ámbitos de la administración pública debería tener, ya en el plano personal, una cierta contención a la hora de dar el paso al ámbito privado", lamentó el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos.

La nacionalista Ana Pontón insiste en los reproches. "No me sorprende pero me escandaliza al corroborar que las puertas giratorias siguen existiendo para altos cargos", declaró la portavoz del Bloque.

"Lo grave es que esto sea legal", destacó Pontón, quien censura que los altos cargos utilicen su trabajo público "para su beneficio personal". "Esto forma parte de cómo el PP entiende la ética, siempre lo particular por encima del de todos y todas", zanjó.

Frente al criterio de la oposición, el portavoz del PPdeG en la Cámara gallega, Pedro Puy, sostuvo que Fernández Currás "cumple la ley de incompatibilidades". "Una vez se prestó servicio público, si tiene oportunidad de emprender una vida profesional a nosotros nos parece bien y normal dentro de lo que es ese sector y ese tipo de actividad, y más siendo Fernández Currás una persona altamente cualificada", añadió Puy.

Al parecer, la Oficina de Conflictos de Interés ya tiene desde julio la solicitud de Currás para dar el salto a la empresa privada. Lo más seguro es que no encuentre inconveniente alguno, puesto que depende del Ministerio de Hacienda y solo ha puesto objeciones a dos salidas de altos cargos hacia el sector privado.

La regulación del conflicto de intereses establece que no se pueden prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que haya participado un alto cargo en dos años, tiempo durante el que se obtiene una retribución de transición si no se cobra otra remuneración.

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