Galicia no está marcada en rojo en el mapa de morosidad de las administraciones autonómicas que elabora cada mes el Ministerio de Hacienda. La Xunta se salva y cumple con el plazo de 30 días que fija la ley para que poner al día las facturas con los proveedores. Pero el nivel de cumplimiento por parte de los más de 80 organismos dependientes de la Xunta obligados a remitir esta información a Hacienda es muy dispar. Hasta 15 entes públicos omitieron los datos de agosto y otros 11 abonaron sus facturas por encima de los 30 días que fija la Ley de Morosidad.
La respuesta por parte de los organismos públicos gallegos ha mejorado respecto a hace un año. Entonces, el nivel de incumplimiento de la Ley de Morosidad alcanzaba el 40%. Sin embargo ha empeorado respecto a julio, con casi cuatro puntos más ya que aunque no varió el número de entes que rehusó facilitar información a Hacienda, el balance de los que pasaron por alto el plazo legal para poner al día sus facturas suma tres más que el mes anterior.
En la lista de organismos públicos incumplidores de agosto, aparecen 11 gallegos. A la cabeza del ranking está Galaria, empresa de servicios sanitarios, con casi un año de espera por parte de sus proveedores (337 días), diez veces más que el plazo máximo fijado por ley. Con casi diez meses de atraso en el pago de sus recibidos está la Fundación Feiras e Exposicións de Lugo (293 días) y luego la Fundación Aquae Querquennae-Via nova, con 234 días.
La Axencia galega de sangue, y el Centro de Estudos Rexionais Galicia-Norte de Portugal también están en el punto de mira de Hacienda, con plazo medio del pago a proveedores de 77 y 63 días. En la lista también figuran la Fundación Cidade da Cultura y la Universidade da Coruña, con demoras superiores a los 50 días. Cierran la tabla de entidades públicas morosas en Galicia, el Instituto de Estudos do Territorio (45 días), Universidade de Santiago (40), Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (36) y el Instituto de Calidade Alimentaria (35).
