Desde el año 2003 dejar un vehículo abandonado tanto en la vía pública como en el monte es considerado una infracción que puede acarrear multas superiores a los 900 euros, según la normativa estatal. Estos coches en desuso son considerados residuos urbanos y, por esta razón, la potestad sancionadora corresponde en última instancia a los concellos. En todo caso, cuando el automóvil abandonado está en una zona forestal y supone una amenaza para el medioambiente o para la propagación de incendios, la Policía autonómica asume labores de vigilancia y puede denunciar a los propietarios. Y precisamente en los últimos años los agentes de la únidad adscrita han reforzado el control sobre estos residuos, lo que ha derivado en más de 4.000 gallegos denunciados desde 2012 por dejar abandonado su coche en el monte.
Solo en 2015 la Policía realizó 1.969 inspecciones, cinco veces más que hace cuatro años, y se denunció a un total de 942 gallegos, según los datos de la Memoria de la Policía autonómica. En 2012 fueron únicamente 367 los controles y ya se presentaron 392 demandas. Al año siguiente se reforzó la vigilancia y las denuncias se dispararon hasta las 1.055, una cifra que volvió a incrementarse en 2014 alcanzando los 1.705 coches en desuso. En total, suman 4.094 denuncias por coches abandonados en el monte, casi 5,2 toneladas de chatarra. Si se colocaran en fila todos estos automóviles en desuso ocuparían 17 kilómetros, el equivalente a la distancia entre Vigo y Porriño.
Según la Ley estatal de Residuos, se considera que un coche está abandonado cuando lleva más de un mes sin moverse, no tiene la ITV, los seguros o el impuesto de matriculación al día, carece de placas de matrícula o tiene una avería que le impide moverse. A partir de ese momento es considerado un residuo doméstico. El Gobierno aprobó en diciembre de 2002 un reglamento que obliga a llevar los coches cuando finaliza su vida útil a "centros autorizados de tratamiento", que son los desguaces o bien concesionarios que se hacen cargo del vehículo viejo cuando se sustituye por uno nuevo. La entrega del automóvil "no supondrá coste alguno para el titular", según la norma.
Desde la Consellería de Medio Ambiente aclaran que la potestad sancionadora es de los concellos. Los ayuntamientos pueden elaborar sus propias ordenanzas o limitarse a aplicar la Ley estatal de Rediduos, que estipula que dejar abandonados vehículos es una infracción grave y, por lo tanto, el abanico de sanciones oscila entre los 900 y los 45.000 euros.
En Vigo, por ejemplo, el Concello inició este año la retirada de 400 coches abandonados en la calle, aunque no contempla de momento la imposición de multas a los propietarios. Cuando se encuentran en zonas forestales o fincas, la Policía autonómica presenta la denuncia, pero también es el ayuntamiento el que finalmente decide si se sanciona o no.
En Cangas, sin embargo, el infractor ha sido el propio Concello. Y, en este caso, ha sido la Consellería de Medio Ambiente la que abrió un expediente sancionador (que podría llegar a los 9.000 euros) por tener almacenados coches fuera de uso en una finca.
