Otro de los puntos conflictivos que han enfrentado a patronal y principales sindicatos con la Xunta es la introducción de un nuevo requisito para beneficiarse de las ayudas por participación en órganos institucionales: tanto las organizaciones empresariales como las centrales deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna deuda con la administración.
En el dictamen del Consello Galego de Relacións Laborais sobre este proyecto de decreto, patronal y organizaciones sindicales piden a la Xunta que no les denieguen la ayuda por tener deudas sino que les den la "posibilidad de subsanar la situación", alegando que puede suceder que no fueran conocedoras de la existencia de algún pago pendiente.
