La patronal gallega y los tres principales sindicatos se han aliado en contra de la nueva norma de la Xunta que incluye a otras organizaciones en el reparto de ayudas. La intención del Gobierno gallego es abrir las subvenciones por participar en órganos institucionales y mesas de negociación a otras centrales minoritarias, de manera que a la Confederación de Empresarios de Galicia y los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y CIG) les tocarían menos fondos en el reparto.
A través de un dictamen del Consello Galego de Relacións Laborais, reclaman que se retire este proyecto de decreto, que aún está pendiente de aprobación, por considerar que es "arbitrario, discriminatorio y falto de rigor". De hecho, la patronal gallega y los sindicatos más representativos sugieren que la Xunta trata de "beneficiar a alguna organización en flagrante prejuicio de otras".
Durante la crisis el Gobierno gallego aplicó un duro recorte a las partidas destinadas a sindicatos y patronal. La reducción de fondos fue de casi el 50 por ciento. Cada año se fija la cuantía que perciben en los presupuestos de Galicia. Empresarios y centrales reciben, por un lado, ayudas para hacer frente a sus gastos de funcionamiento interno y, por otro, se benefician de compensaciones por su presencia en órganos de representación y mesas de negociación.
Solo en las ayudas por participación institucional las cuantías recibidas por los sindicatos pasaron de los 2,3 millones de euros de 2009 al millón de euros en 2015. A esta cantidad hay que sumar los 200.000 euros que recibió la patronal el pasado año. En total, fueron 1,2 millones de euros. Aún se desconoce a cuánto ascenderá esta partida en 2017 pero cuando se apruebe el decreto tendrán que repartirla con otras organizaciones.
El proyecto de decreto de la Xunta recoge que a estas ayudas podrán optar "las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales que acrediten la consideración de más representativas", como hasta ahora. Pero además añade que también podrán participar las centrales "que estén presentes en la Mesa Xeral de Negociación de las Administraciones Públicas", lo que abriría la puerta a que otras entidades de carácter sectorial como CSI-CSIF, por ejemplo, entren en el reparto de la tarta de ayudas.
La patronal recibirá como máximo el 50 por ciento del fondo que asigne la Xunta y las organizaciones sindicales la otra mitad, que a su vez repartirán proporcionalmente según su representatividad. Éste es el tope de ayudas y a partir de ahí se fijará la cuantía que percibirá cada entidad. Habrá una cantidad fija de 2.712 euros por representante en un órgano institucional y otra variable de 226 euros por asistir a cada reunión. Y cada vez que la Xunta los requiera para participar en un instrumento de planificación de la Xunta se beneficiarán de otros 1.257 euros.
La patronal gallega y los sindicatos mayoritarios alegan que si se incluyen en el reparto a otras entidades podría "darse el caso de que una organización sindical con una implantación globalmente superior a otro sindicato que se limite al ámbito del empleo público, se vea privada del acceso a un determinado órgano institucional que sí consigue la otra organización con menos representación".
Y además hacen valer que el marco legal confiere a los tres sindicatos principales "una posición jurídica singular y relevante en la participación de los asuntos públicos de naturaleza socieconómica". En el dictamen del Consello Galego de Relacións Laborais, la patronal y las organizaciones sindicales mayoritarias advierten que el Estatuto de los Trabajadores condiciona la participación institucional "a la implantación territorial o sectorial" de las entidades.
